Málaga: cuando proteger la naturaleza se convierte en una batalla ciudadana
Los programas electorales están llenos de palabras como sostenibilidad, biodiversidad, transición ecológica y ciudades verdes. Pero ¿qué ocurre cuando esos compromisos se enfrentan a una decisión urbanística concreta? Málaga ofrece algunos ejemplos bastante reveladores.
En la Vega de Mestanza, los vecinos tuvieron que acudir a los tribunales para frenar una depuradora cuya ubicación había sido seleccionada sin comparar adecuadamente el impacto ambiental de las alternativas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el proyecto y el Supremo dejó firme esa decisión en 2026. Hablamos de un espacio reconocido como Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial. Resulta que estudiar las alternativas antes de intervenir sobre un enclave de valor ecológico no era una extravagancia vecinal: era una obligación legal.
En la laguna de Soliva, un humedal que lleva aproximadamente veinte años desarrollando un ecosistema propio, con biodiversidad documentada por investigadores de la Universidad de Málaga, el planeamiento urbanístico contempla un vial sobre su emplazamiento. El Ayuntamiento rechazó una propuesta para protegerlo, argumentando que modificar el proyecto retrasaría miles de viviendas. La cuestión es por qué la conservación de un humedal y la construcción de viviendas deben presentarse como opciones incompatibles antes de estudiar suficientemente otras soluciones.
En los antiguos terrenos de Repsol, los vecinos llevan diez años reclamando un bosque urbano de 177.000 metros cuadrados. Diez años de movilizaciones, plantaciones, voluntariado y procedimientos judiciales para defender algo tan extravagante como disponer de un gran espacio verde en dos distritos especialmente necesitados de vegetación y refugios climáticos. Cerca de quinientos árboles plantados por ciudadanos mientras el futuro del espacio continúa en disputa.
Tres lugares diferentes, una misma pregunta: ¿por qué tiene que ser siempre la ciudadanía quien luche para que la protección de la naturaleza sea una prioridad?
La participación ciudadana es indispensable en una democracia. Pero participar no debería significar vivir permanentemente en alerta, organizar colectas para pagar abogados o dedicar años de vida a impedir daños ambientales que podrían haberse evitado mediante una planificación responsable.
Por eso, cuando hablamos de compromisos electorales con el medio ambiente, no basta con contar promesas de reforestación o escuchar discursos sobre sostenibilidad. Importa saber qué decisiones se toman cuando conservar un espacio natural exige modificar un proyecto, asumir un coste adicional o renunciar a determinados intereses económicos.
El verdadero compromiso ambiental no se demuestra únicamente prometiendo plantar árboles, sino también evitando destruir los ecosistemas que ya tenemos, o incluir las oportunidades de grandes espacios verdes como prioridad para una ciudad habitable y resilente.
Pase lo que pase con el proyecto de Santa Tecla y su macrocampo de Golf con viviendas de turismo residencial (justo lo que necesita Málaga :S) , nunca, nunca hay que dejar de luchar y exigir a los gobernantes de turno, sean quien sea lo que lleven la motosierra, que miren hacia la naturaleza, puesto que sin naturaleza no hay nada.
Como estamos en plena elecciones y aún no hay programas definidos, os paso estos datos por si os sirve para pensar el voto cuando llegue la hora:
Elecciones generales 2026: ¿quién protege realmente la naturaleza?
Cada vez son más las personas que consideran la protección del medio ambiente una cuestión fundamental cuando llegue el momento de votar. Y no hablamos únicamente del cambio climático, sino también de la conservación de nuestros bosques, humedales, ríos, especies silvestres y espacios naturales amenazados por la expansión urbanística o determinados intereses económicos.
Ante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, conviene examinar qué han prometido los partidos políticos, qué medidas han llevado a la práctica y qué posibilidades reales existen de convertir sus compromisos ambientales en políticas efectivas.
A falta de los programas electorales definitivos de estas elecciones, podemos tomar como referencia las propuestas de 2023 y los posicionamientos posteriores. Eso sí, una promesa no equivale a una ley aprobada, y una ley aprobada tampoco garantiza que la naturaleza esté realmente protegida.
¡Toma nota!
Frente Amplio, la coalición integrada, entre otros, por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, tiene como antecedente el programa de Sumar de 2023, que proponía una moratoria a la construcción de grandes instalaciones consumidoras de agua, incluidos campos de golf y megaproyectos urbanísticos. También contemplaba la restauración de ecosistemas, la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones. Aunque Sumar ha participado en el Gobierno durante la última legislatura, aquella propuesta de moratoria no se ha materializado en una prohibición general de ámbito estatal. Para llevarla a cabo serían necesarios instrumentos legales específicos, respaldo parlamentario y coordinación con las comunidades autónomas, que tienen competencias fundamentales en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
PACMA, el Partido Animalista con el Medio Ambiente, planteaba en su programa de 2023 proteger al menos el 30 % de las superficies terrestres y marinas para 2030, ampliar la protección de especies, restringir las macrogranjas y prohibir la caza. Su programa también presta atención a los humedales, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Sin embargo, no consiguió representación en el Congreso en las elecciones de 2023, por lo que no cuenta con una trayectoria propia de aprobación de leyes estatales desde esa cámara. Para materializar sus propuestas necesitaría representación parlamentaria o conseguir que otras formaciones asumieran sus iniciativas, además de financiación y colaboración entre administraciones.
PODEMOS promete proteger espacios naturales, reforzar las exigencias ambientales y avanzar hacia un modelo agroecológico. En su documento político de 2025 también plantea aumentar los impuestos a actividades de elevado impacto ambiental o consumo de recursos, entre ellas los campos de golf, los aviones privados y los yates. La formación cuenta con experiencia parlamentaria y gubernamental, aunque sus propuestas actuales todavía deben contrastarse con el programa definitivo para el 29N. Su aplicación requeriría reformas fiscales y legales, mayorías parlamentarias y colaboración con las administraciones responsables de gestionar el territorio, el agua y la biodiversidad.
El Partido Popular ha defendido un Pacto Nacional del Agua, la modernización de presas y regadíos, la gestión forestal y el desarrollo de energías renovables mediante la agilización de trámites administrativos. Estas propuestas permitirían abordar cuestiones relacionadas con la disponibilidad de agua, las infraestructuras y el aprovechamiento energético. Sin embargo, mejorar las infraestructuras hidráulicas o reducir los plazos administrativos no garantiza, por sí mismo, la recuperación de los ecosistemas. Para que esas políticas produzcan beneficios ambientales verificables necesitan evaluaciones rigurosas, financiación, coordinación entre administraciones y objetivos concretos sobre conservación de hábitats y recursos hídricos.
El PSOE incluyó entre sus compromisos de 2023 proteger el 30 % de los espacios terrestres y marinos para 2030, recuperar humedales y continuar las actuaciones de restauración en enclaves como Doñana, el Mar Menor, la Albufera de Valencia o el Delta del Ebro. Durante su etapa de gobierno se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, que establece obligaciones y objetivos ambientales. Sin embargo, disponer de una legislación climática no significa que todos los ecosistemas amenazados estén protegidos ni que los programas de restauración se hayan completado. Su cumplimiento requiere presupuestos, ejecución administrativa, mecanismos de seguimiento y coordinación con gobiernos autonómicos y municipales.
Vox ha propuesto un Plan Nacional del Agua, la interconexión de cuencas, el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y la DEROGACIÓN de la Ley de Cambio Climático. También defiende la continuidad de determinadas actividades agrarias y cinegéticas. La Ley de Cambio Climático sigue vigente y su derogación necesitaría una mayoría parlamentaria suficiente. Además, modificar la legislación española no eliminaría las obligaciones de protección ambiental que derivan de la normativa europea. Las infraestructuras hidráulicas que se propongan también tendrían que someterse a los procedimientos de evaluación ambiental correspondientes.
Estas diferencias permiten comprender que los partidos no abordan la cuestión ambiental desde una misma perspectiva. Algunos plantean mayores restricciones a determinadas actividades económicas, otros priorizan la modernización de infraestructuras y la gestión de recursos, y otros sitúan la protección de los animales y sus hábitats entre sus principales compromisos.
Pero hay una cuestión que no podemos ignorar: el verdadero alcance de una política ambiental se comprueba cuando proteger un ecosistema entra en conflicto con un proyecto urbanístico, una infraestructura o una actividad económica.