Málaga sigue en sus treces de que la naturaleza nunca figure en el mapa
De la laguna de Soliva al Bosque Urbano, pasando por el campo de golf de Rojas-Santa Tecla y la Vega de Mestanza, Málaga acumula conflictos que invitan a preguntarse cuánto vale realmente su patrimonio natural.
Hay ciudades donde la aparición de un humedal se considera una buena noticia. En Málaga, si aparece en mitad de un futuro vial, parece que la naturaleza ha cometido una irregularidad urbanística. Y, por desgracia para ella, no dispone de abogado ni de derechos edificatorios.
La última controversia tiene lugar en la laguna de Soliva, un humedal surgido hace aproximadamente dos décadas como consecuencia de unos movimientos de tierra. El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado apoyar su protección porque, según la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, conservarlo comprometería la construcción de 2.633 viviendas protegidas y retrasaría el planeamiento al menos cinco años.
La concejala ha ido incluso más lejos al afirmar que votar a favor de su conservación equivale a votar contra esas viviendas.
Una interpretación bastante ambiciosa de la democracia municipal, que convierte a una laguna en responsable indirecta del problema de acceso a la vivienda.
Nadie sensato discutiría la necesidad de construir vivienda protegida en Málaga. Pero precisamente por eso convendría abordar el asunto sin reducirlo a una elección entre familias que necesitan un hogar y anfibios que necesitan una charca. Porque el conflicto no enfrenta necesariamente ambas necesidades, sino un determinado trazado urbanístico con la conservación de un espacio natural. Y habría que demostrar, con alternativas y costes sobre la mesa, que esa incompatibilidad resulta insalvable.
Lo verdaderamente interesante de Soliva es que este debate ya se produjo en 2013. Entonces, Diego Maldonado, coordinador general de Urbanismo, justificó la negativa municipal a conservar la laguna apoyándose en informes que no le atribuían suficiente valor ambiental. Cuando se le planteó que aquel ecosistema incipiente podía evolucionar en los siguientes diez o quince años, respondió que únicamente podía valorar los hechos conocidos en aquel momento.
Han pasado trece años. Y la naturaleza, que tiene la mala costumbre de no consultar los planes generales de ordenación urbana, ha seguido su curso.
En septiembre de 2026, seis especialistas publicaron en la revista Quercus un trabajo sobre Soliva. Entre ellos se encuentran Eduardo Ramírez-Romero y David Romero, investigadores vinculados al ámbito de la Ecología de la Universidad de Málaga. Describen un humedal con una lámina de agua permanente de unos 7.500 metros cuadrados, conectado al acuífero del Bajo Guadalhorce y rodeado de vegetación palustre y zonas de inundación temporal.
David Romero ha señalado que allí se encuentran 19 de las 54 especies de libélulas registradas en la provincia, además de diversos anfibios. El lugar constituye, asimismo, un espacio de investigación próximo al campus universitario.
Así que tenemos una primera paradoja: en 2013 no podía protegerse porque todavía no había demostrado su valor. En 2026, cuando ese valor está científicamente documentado, tampoco puede protegerse porque el planeamiento ya está decidido.
Parece que el problema no es la edad de la laguna, sino su inoportuna insistencia en existir.
La concejala ha añadido otro argumento: Soliva no es un humedal histórico, sino el resultado de una intervención humana.
La precisión es correcta. Su relevancia ecológica, bastante menor.
Y para comprobarlo no hace falta acudir a ningún tratado internacional ni buscar ejemplos en países lejanos. Basta con recorrer unos kilómetros hasta la desembocadura del Guadalhorce.
Las lagunas que hoy conforman buena parte de este Paraje Natural también tienen un origen artificial. Nacieron de las extracciones de áridos realizadas entre 1977 y 1982, cuando las excavaciones comenzaron a llenarse de aguas subterráneas. Con el tiempo, aquellos huecos fueron colonizados por la vegetación y la fauna.
En 1989, apenas unos años después, el complejo lagunar fue declarado Paraje Natural protegido.
Hoy constituye uno de los espacios de mayor interés ornitológico del litoral malagueño, refugio de numerosas especies y lugar de descanso para aves migratorias. La Junta de Andalucía continúa invirtiendo en su restauración ecológica.
Lo más revelador es que el propio Ayuntamiento de Málaga explica en su página web cómo aquellas excavaciones fueron adquiriendo valor gracias a la colonización de flora y fauna.
Es decir, la Administración conoce perfectamente el fenómeno por el que una explotación abandonada puede convertirse en un ecosistema valioso. Lo cuenta incluso en sus materiales de educación ambiental.
La laguna de la Barrera ofrece un segundo ejemplo, todavía más cercano a Soliva. También nació de una antigua explotación de arcilla y hoy está integrada en un parque forestal municipal.
Por supuesto, el Guadalhorce, la Barrera y Soliva presentan características ecológicas, dimensiones y situaciones urbanísticas diferentes. Nadie está afirmando que deban recibir automáticamente la misma figura de protección.
Pero sí demuestran algo elemental: el origen artificial de un humedal no constituye, por sí mismo, un argumento científico contra su conservación.
Resulta difícil defender que una laguna no merece protección por haber nacido de una excavadora cuando uno de los parajes naturales más valiosos de la ciudad nació exactamente de esa manera.
Quizás el problema no sea de dónde procede el agua, sino qué intereses encuentra a su paso.
La solución anunciada por el Ayuntamiento es todavía más sugerente: crear nuevas zonas verdes e incluso otro humedal para facilitar el desplazamiento de la biodiversidad.
Es una propuesta que merece un análisis técnico, aunque formulada así recuerda a quien decide demoler una biblioteca y promete compensarlo construyendo un edificio vacío para que los libros se muden por su cuenta.
Un humedal no es simplemente una superficie con agua. Es un entramado de relaciones entre suelo, vegetación, microorganismos, invertebrados y vertebrados, con una dinámica hidrológica concreta. Su restauración o recreación puede ser posible, pero no garantiza la recuperación inmediata de las comunidades biológicas existentes.
Sustituir un ecosistema consolidado por otro todavía hipotético exige, como mínimo, demostrar que este último funcionará.
Y llegados aquí convendría ampliar un poco la mirada.
En los antiguos terrenos de Repsol, la plataforma Bosque Urbano Málaga lleva diez años reclamando que 177.000 metros cuadrados se destinen a un gran bosque urbano. Una propuesta que responde, entre otras necesidades, al déficit de zonas verdes en dos de los distritos más densamente poblados de la capital. Sin embargo, el conflicto continúa judicializado frente a un modelo de desarrollo que contempla edificios residenciales y usos comerciales.
En Churriana, el proyecto de Rojas-Santa Tecla mantiene casi 50 hectáreas destinadas a un campo de golf de 18 hoyos. La documentación urbanística calcula una demanda de 3.659 metros cúbicos diarios de agua regenerada para su riego. Regenerada, conviene aclararlo, no potable. Pero tampoco gratuita, infinita ni exenta de costes energéticos.
Una iniciativa vecinal ha propuesto estudiar la transformación de ese espacio en un gran parque mediterráneo, manteniendo las más de 2.800 viviendas previstas. No plantea suprimir las casas ni desconocer los derechos de los propietarios, sino evaluar si existe una alternativa social y ambientalmente más útil para ese suelo.
La comparación con Soliva no es jurídica, sino política. Son proyectos diferentes, con condicionantes diferentes. Pero resulta llamativo que se invoque la urgencia de la vivienda para descartar la conservación de un pequeño humedal mientras se mantiene, en otro desarrollo, una superficie gigantesca destinada a un equipamiento recreativo privado.
Es legítimo defender que un campo de golf generará actividad económica. Lo que no parece tan razonable es dar por descontado que esa actividad representa necesariamente el mejor uso posible de casi medio millón de metros cuadrados de suelo malagueño.
Por su parte, la Vega de Mestanza ofrece una lección todavía más interesante. Durante años, la Junta de Andalucía defendió la ubicación de una gran depuradora en este enclave agrícola del Guadalhorce. El proyecto terminó anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya sentencia quedó firme en mayo de 2026 tras la inadmisión del recurso de casación de la Junta por el Tribunal Supremo.
Una de las cuestiones decisivas fue la insuficiente evaluación ambiental de las ubicaciones alternativas. La Justicia reprochó que se hubieran descartado otros emplazamientos por motivos económicos sin analizarlos ambientalmente con el mismo rigor.
La depuradora sigue siendo necesaria. Lo que resultó jurídicamente insostenible fue aquella forma de decidir dónde construirla.
Mestanza no es Soliva, ni la Junta es el Ayuntamiento. Pero el precedente sirve para recordar algo fundamental: la necesidad de una infraestructura no convierte automáticamente en correcta cualquier ubicación elegida para ella.
Y aquí reside quizá el problema más profundo.
Fernando Valladares, investigador del CSIC, ha insistido en la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza para reducir los efectos del calentamiento urbano y mejorar nuestras ciudades. La vegetación, la sombra y los suelos permeables no constituyen simples elementos ornamentales, sino parte de la infraestructura necesaria para adaptarnos al clima.
Es una reflexión especialmente pertinente en una ciudad mediterránea sometida a temperaturas cada vez más exigentes.
Sin embargo, en Málaga parecemos cómodos con una sostenibilidad que funciona magníficamente en congresos, presentaciones institucionales y estrategias de futuro, pero que tropieza con dificultades extraordinarias cuando debe traducirse en decisiones sobre el territorio.
El pasado septiembre, el alcalde, Francisco de la Torre, y la propia Penélope Gómez participaron en la apertura de un encuentro europeo sobre gestión del arbolado e infraestructura verde urbana. Apenas unas semanas después, la concejala anunciaba que la discusión sobre la conservación de Soliva era un debate cerrado.
Es posible que existan razones técnicas y jurídicas suficientemente sólidas para descartar todas las alternativas de conservación. Pero esas razones deben hacerse públicas, ser comparables y permitir una discusión informada. Invocar cinco años de retraso no sustituye la presentación de un estudio que explique cómo se ha llegado a esa estimación. Parece más vagueza política y que todavía no saben lo que significa: Emergencia clímatica.
Tampoco basta con asegurar que se construirán más metros cuadrados de zonas verdes. Una superficie ajardinada no reproduce necesariamente los valores de un humedal, del mismo modo que una hilera de palmeras no equivale a un bosque.
Málaga ha demostrado una extraordinaria capacidad para transformarse, atraer inversiones y construir infraestructuras. Sería injusto negarlo. Pero quizás haya llegado el momento de preguntarse si el éxito de una ciudad debe medirse únicamente por lo que consigue edificar o también por aquello que tiene la inteligencia de conservar.
Porque la naturaleza no siempre necesita grandes proyectos de restauración, presupuestos millonarios ni inauguraciones con autoridades. A veces basta con reconocer el valor de lo que ya existe.
La desembocadura del Guadalhorce nos recuerda que un terreno alterado por la actividad humana puede terminar convertido en un patrimonio natural reconocido y protegido. Soliva demuestra que ese proceso continúa produciéndose ante nuestros ojos.
La diferencia es que ahora conocemos perfectamente su valor potencial. Ya no podemos alegar ignorancia.
Y esa es la ironía final: una laguna ha sabido adaptarse al territorio mejor de lo que nuestra planificación parece capaz de adaptarse a la laguna.
Quizás el verdadero atraso no consista en modificar un plano urbanístico del pasado, sino en seguir creyendo que el futuro debe parecerse obligatoriamente a él.