De cara a la renovación del convenio entre la Federación Autismo Andalucía y la Consejería de Educación —que regula la presencia de apoyos educativos en el aula para el alumnado con autismo—, la Consejería ha propuesto modificaciones significativas en su contenido.

Lo que en su momento nació como una solución excepcional y temporal para dar apoyo a casos especialmente complejos, se ha convertido en una práctica generalizada que traslada a las familias una responsabilidad que no les corresponde. La educación no solo es un derecho gratuito, sino también obligatorio, y por tanto, la Administración está legal y moralmente obligada a disponer los recursos necesarios para garantizarla.

Cuando son los propios colegios quienes solicitan estos apoyos, queda claro que no cuentan con los medios suficientes para atender al alumnado con autismo. Y cuanto más se normaliza esta situación, más se agrava la injusticia. Es decir, Educación reconoce que estos alumnos necesitan apoyo ya que los propios centros escolares lo piden, pero la Administración no asume su coste.

Ante esta situación, y tras un proceso largo y difícil de decisiones internas, la mayoría de asociaciones de Autismo Andalucía hemos decidido no firmar el convenio en las condiciones actuales.

Esta decisión no ha sido fácil. Ha supuesto un profundo debate interno entre entidades federadas y una división dolorosa, que ha puesto a prueba la cohesión y el espíritu de colaboración que siempre ha caracterizado a nuestra Federación. Pero creemos que defender los derechos fundamentales debe estar por encima de las soluciones parciales o las salidas rápidas.

• No aceptamos que el alumnado con autismo tenga que llevarse su propio personal de apoyo al colegio.
• No aceptamos que se sustituya el derecho a una educación gratuita e inclusiva con soluciones privadas.
• Y no aceptamos que la figura que acompaña a los niños con TEA en clase sea un voluntario sin formación específica.

No queremos voluntarios para esto. Los y las menores con TEA tienen derecho a contar con personal cualificado, formado y contratado, no con personas voluntarias que asumen, sin garantías ni respaldo, una responsabilidad tan compleja como es el acompañamiento educativo especializado.

¿Se imaginan que te digan en un hospital que traigas a tu propio profesional sanitario para que te ponga el tratamiento? Eso mismo se nos está pidiendo ahora desde Educación: que las familias se hagan cargo de una necesidad reconocida por los propios colegios.

Esto no es una solución: es un retroceso. Y no vamos a ser cómplices de un modelo que rompe con el principio de igualdad y gratuidad de la educación pública.

Por eso, hacemos un llamamiento a todas las familias, profesionales, entidades, docentes y personas comprometidas con los derechos humanos y la inclusión:

Apóyanos en nuestra recogida de firmas y ayúdanos a exigir lo que nos corresponde: Una educación pública que incluya y apoye a todo el alumnado, sin discriminaciones ni recortes disfrazados.

• Porque el autismo no puede seguir siendo invisible en las aulas.
• Porque la inclusión no se mendiga, se garantiza.
• Y porque la dignidad de nuestras familias y nuestros hijos no está en venta.