Dirigida a Jefe del Ministerio Público. Fiscal General de la República Lic. Jorge Chavarría Guzmán y 2 otros

5 Luchadores sociales en Costa Rica a juicio penal en abril por manifestación por la CCSS

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Luchadores sociales de Costa Rica a juicio penal en abril por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social

  • Cinco luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por su participación en la MARCHA del 8 de NOVIEMBRE de 2012, en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social
  •  Denunciamos que se trata de un caso de persecución política y de criminalización de la protesta social; solicitamos solidaridad nacional e internacional

El Colectivo Derecho a la Protesta Social, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución política del Estado Costarricense, contra ciudadanos y luchadores sociales, que se manifestaron en defensa de la SEGURIDAD SOCIAL de este país, en el mes de noviembre del año 2012.

El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación pacífica organizada por varias comunidades del occidente del Valle Central, Puntarenas y Guanacaste; descontentas por los recortes aplicados en ese momento a la seguridad social que se tradujo en un deterioro del servicio, la reducción del horario de atención de emergencias por ejemplo de 24 a 12 horas, que se traducía incluso en pérdida de vidas humanas que pudieron haberse evitado. La manifestación recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades. Ese 8 de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana Balmaceda, quien en ese momento fungía como Presidente Ejecutiva de la CCSS. Sin embargo las y los manifestantes encontraron cerrados los portones de la institución, por lo que se mantuvieron al costado norte del edificio central de la Caja esperando que permitieran que un comité entrara a entregar el pliego. 

Para sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, dirigida en ese momento por el comandante Raúl Rivera y bajo las órdenes del hoy Magistrado, Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como viceministro de seguridad, empezó a formarse a la altura del Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias. La indignación de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas se movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual la manifestación se extendió mucho más de lo previsto. En horas de la tarde se apersonaron varios diputados del PAC, entre ellos Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Granados, también el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quienes, como consta en varios videos de la prensa televisiva, también fueron agredidos por la policía.  Los últimos arrestos ocurrieron en medio de una brutal represión policial en contra de estudiantes universitarios y funcionarios públicos, a eso de las 6:00 p.m. 

Las y los manifestantes no solamente fueron arrestados y arrestadas sino que muchas y muchos de ellos fueron enjuiciadas y enjuiciados en los tribunales de Flagrancia y Contravencional siendo absueltas y absueltos de toda pena y responsabilidad. 

Entre el lunes 3 y el jueves 6 de abril se realizará la primera etapa del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y  Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos;  Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.

En un Estado Democrático, como lo es Costa Rica, la paz social y el ejercicio de los derechos civiles, como la libertad de expresión, de organización y el derecho a la protesta social, son acciones medulares, que de ciudadanos y habitantes de este país. Por qué, entonces, ¿se criminaliza la protesta social? 

La criminalización y la penalización de la protesta social es un fenómeno, que consiste en la persecución política por parte del Estado, contra los habitantes, que tienen el derecho a la protesta social. El Estado de Costa Rica debe proteger, para garantizar las libertades democráticas en este caso, la paz social y el ejercicio de los derechos civiles, como la libertad de expresión, de organización y el derecho a la protesta social. 

El Colectivo por el Derecho a la Protesta y las agrupaciones sociales y políticas que lo componen, repudiamos los juicios políticos contra estos cinco luchadores sociales que se merecen el reconocimiento y el respeto como ciudadanos trabajadores, honestos y comprometidos con las justas causas de nuestro pueblo. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las represalias.  Estos compañeros y esta compañera son víctimas del acoso y persecución política por parte de los órganos represivos, tribunales de justicia que han venido criminalizando la protesta social como una política de estado en Costa Rica. 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de solidaridad que se están programando durante los días de juicio, a las campañas económicas de solidaridad y de recolección de firmas que ya se tienen programadas; también que se integren a las reuniones de coordinación del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social. 

Al mismo tiempo hacemos un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa Rica enviando cartas y pronunciamientos a: 

Lic. Jorge Chavarría Guzmán, Jefe del Ministerio Público. Fiscal General de la República.

Correo electrónico:

fgeneral@poder-judicial.go.cr

jchavarriagu@poder-judicial.go.cr

Fax: 2256-3503

Con copia a:

MSc. Celso Gamboa Sánchez, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Penal Juvenil. (Ex – Vice-Ministro de Seguridad Pública, Encargado del Operativo del 8 de noviembre de 2012).

Correo electrónico:

irojasc@poder-judicial.go.cr

cgamboas@poder-judicial.go.cr 

Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, Presidencia de la República.

Correo electrónico:

despachopresidente@presidencia.go.cr

luis.solis@presidencia.go.cr

Fax: 2253-9078 

Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa.

Correos electrónicos:

marioredondo1@gmail.com, patrimorac@hotmail.com, carlosha30@gmail.com, evinicio@ice.co.cr, notlc2007@gmail.com, pasgerardovargas@gmail.com, jarguedas@anttec.org, fuler.ramirez@gmail.com, ligiaefallas@gmail.com, carmenquesadas@hotmail.com, josealfarounaporte@hotmail.com, natdiaquin@gmail.com, otto.guevara@gmail.com, emiliamolina@gmail.com, epsycb@gmail.com, coref5@hotmail.com, hmoraj@gmail.com, javiercambroneroarguedas@gmail.com, lgarrog@gmail.com, mguerrero25@gmail.com, marcovredondo@gmail.com, marlene2245@gmail.com, marmedicolegal@hotmail.com, nidiamajiva@yahoo.es, ottonsolis@ice.co.cr, punto20@gmail.com, oscarlopezpase@gmail.com, aalvarez@alvarezymarin.com, aracelli.segura.retana@hotmail.com, c_arguedas@yahoo.com, dhcarcache@hotmail.com, succar@ice.co.cr, juanmarinquiros@gmail.com, inverriego@hotmail.com, karlaprendas@yahoo.com, lorellytrejosalas@yahoo.com.mx, arauz08@yahoo.com, mclarkem@yahoo.com, ojimenez19522@hotmail.com, pauliram@hotmail.com, gonzalezulloarolando@gmail.com, rmonge@grupoehmo.com, sandrapiszk@racsa.co.cr, sil_vane17@hotmail.com, gvargas111@hotmail.com, tatiribera@yahoo.com, jleiva@ice.co.cr, gregorio937@gmail.com, lvasquez.limon.cr@gmail.com, rortizfab@gmail.com, rarm2014@gmail.com, alvarado-w@hotmail.com, abelinoesquivel@gmail.com, chalobeto@gmail.com, fabricioalvaradomusic@gmail.com

Msc. Montserrat Solano Carboni, Defensoría de los Habitantes.

Correo electrónico:

defensoria@dhr.go.cr

msolano@dhr.go.cr

Fax: 4000-8700 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA

Correo electrónico: 

cidhexpresion@oas.org 

Por favor copiar sus cartas a criminalizacionprotestasocial@gmail.com para tener registro de sus muestras de solidaridad.

Esta petición será entregada a:
  • Jefe del Ministerio Público. Fiscal General de la República
    Lic. Jorge Chavarría Guzmán
  • Presidencia de la República
    Presidente Luis Guillermo Solís Rivera
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA
    Relatoría Especial para la Libertad de Expresión


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