Creemos injusta y desproporcionada la sanción impuesta a los cuatro guardias civiles de los Puestos de Arcos de la Frontera y Ubrique, después de su participación en sendos juicios de carácter civil en los que los agentes en su obligación como testigos de decir la verdad, tuvieron que declarar en contra de dos mandos. Tras ello, han sido expedientados y se les obliga ahora a cambiar de destino forzosamente, con el consiguiente perjuicio hacia sus familias, esposas e hijos.
· Confiamos en la Justicia y en las Instituciones y creemos que las sanciones impuestas serán suspendidas por las resoluciones judiciales y recursos disciplinarios que siguen su curso, si bien, debido a los tiempos y plazos legales, dichas disposiciones pueden llegar demasiado tarde como para poder reparar las situación actual de los agentes y sus familias.
· Constatamos que existen mecanismos que pueden dejar en suspenso la aplicación de tales medidas coercitivas mientras los recursos están a la espera de resolución, y que tan sólo es precisa la voluntad de quien tiene potestad para ello, para que se reparen aunque sea de forma temporal o provisional y NO se continúe con el proceso de destierro destinando a los agentes a otras provincias.

Solicitamos por tanto, que en atención a las especiales circunstancias del caso, por parte de las autoridades competentes de la Dirección General de la Guardia Civil, y de los Ministerios de Defensa y del Interior, se dicten las resoluciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de las sanciones, y que los agentes puedan permanecer en sus unidades de destino mientras se resuelvan los recursos planteados para lograr la nulidad de todos los procedimientos

Por nuestros guardias civiles, por nuestra Guardia Civil moderna y democrática, por la dignidad de sus agentes y la defensa de la justicia.