🚨⚖️ JUSTICIA Y PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DIGITAL

Mi nombre es Lizbeth Vanessa Rodríguez Nava. Solicito la intervención diligente de las autoridades competentes para que se investiguen, conforme a derecho, diversos hechos que he denunciado y que considero podrían constituir violencia digital, acoso, hostigamiento, suplantación de identidad, vulneración a la privacidad, afectaciones al honor y posibles accesos no autorizados a cuentas, dispositivos y medios digitales.

Durante años he enfrentado actos que han impactado mi vida personal, familiar, emocional, laboral y profesional. Estos hechos también han afectado indirectamente a mi hija menor de edad, por lo que solicito que sean analizados con perspectiva de género, debida diligencia, interés superior de la niñez, protección integral de víctimas y respeto a los derechos humanos.

Las conductas que solicito sean investigadas han sido atribuidas en mis denuncias y escritos presentados ante las autoridades competentes a diversas personas, entre ellas:

• V.A.N.O.
• W.M.S.N. (servidora pública municipal)
• S.M. (servidor público estatal)
• M.C.N.O.
• C.E.N.O.
• S.I.S.N.
• M.T.
• S.M.S.N.
• R.I.O.N.
• Y.E.O.N.
• M.J.P. (servidor público municipal)
• L.R.G.
• I.A.R.L.
• S.J.R.L.
• J.C.R.M.

La inclusión de estas iniciales tiene como único propósito contextualizar los hechos denunciados ante las autoridades competentes. Las referencias aquí contenidas no constituyen una declaración de culpabilidad ni una imputación definitiva de responsabilidad, pues corresponde exclusivamente a las autoridades determinar la existencia de conductas ilícitas y, en su caso, la responsabilidad de cualquier persona, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

⚖️ Esta solicitud se sustenta en los artículos 1°, 4°, 6°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Solicito que se investiguen posibles accesos no autorizados, uso indebido de información personal, suplantación de identidad, difusión de contenido manipulado o descontextualizado, difusión de contenido de índole sexual, hostigamiento digital, publicaciones que afecten mi honor y reputación, así como cualquier conducta que pudiera constituir violencia digital o mediática.

También manifiesto que se han difundido afirmaciones públicas sobre una supuesta orden de aprehensión vigente en mi contra, sin que se haya exhibido documento oficial, resolución judicial, oficio de autoridad competente o constancia procesal que lo acredite legalmente. 

Solicité apoyo a un programa televisivo, denominado “A quien corresponda”,  proporcioné declaración de los hechos; para poder hacer pública mi denuncia, se investigó que en efecto, no tuviera una orden de aprehensión, misma que se confirmó que NO existe y es una artimaña de una persona  V.A.N.O. sustraída de la ley para generar violencia digital, difamación y daños al honor. 

He comparecido voluntariamente ante las autoridades competentes y estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, donde se encuentran sujetos a investigación conforme a derecho.

Esta publicación no busca prejuzgar ni condenar a persona alguna. Su finalidad es solicitar investigación, protección, acceso a la justicia y el cese de actos que vulneren derechos fundamentales.

Solicito una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial; medidas de protección para mí y mi hija; prevención de nuevos actos de acoso, difamación, suplantación o violencia digital; y garantías de verdad, justicia y reparación integral del daño.

La violencia digital también es violencia.
La protección de las víctimas y de la niñez no puede esperar.

Aviso importante: Esta publicación tiene fines informativos y de sensibilización social respecto de hechos que han sido denunciados ante las autoridades competentes. Su contenido constituye una solicitud de investigación y protección institucional, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de persona alguna, la cual únicamente puede ser determinada por autoridad competente mediante resolución firme conforme a derecho.