Justicia y depuración de responsabilidades por las actuaciones policiales

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El problema


Basta de brutalidad policial, detenciones arbitrarias y montajes oficiales contra manifestantes pacíficos.


Los abajo firmantes exigimos investigación inmediata, asunción de responsabilidades y justicia ante los graves episodios de violencia policial y vulneración de derechos fundamentales sufridos por la ciudadanía durante los últimos días en Madrid y en múltiples ciudades de España.


Denunciamos públicamente dos actuaciones represivas ejecutadas bajo un mismo patrón de violencia institucional:


El desalojo nocturno del 3 de noviembre (3N): La intervención violenta ejecutada de madrugada para desalojar la Acampada por la Vivienda Digna (26S) en la Puerta del Sol de Madrid, una protesta pacífica levantada tras el desahucio de Mari Carmen y para que nunca más vuelva a pasar.


Las cargas contra la manifestación pacífica del 11 de noviembre (11N): El ataque desproporcionado desatado ayer contra miles de personas que ejercían pacíficamente su derecho de reunión y huelga.

Solo en la Gran Vía de Madrid, el lanzamiento indiscriminado de gas lacrimógeno dejó cientos de personas afectadas por intoxicación y crisis respiratorias, mientras que las cargas con porras provocaron decenas de heridos y numerosas detenciones arbitrarias, un operativo que se repitió de forma simultánea en otras ciudades del Estado.

Denunciamos la fabricación de pruebas y relatos manipulados:


No aceptamos que se criminalice a las víctimas para encubrir una actuación ilegal.

Denunciamos la fabricación deliberada de pruebas, atestados policiales falsos y versiones oficiales manipuladas para justificar el uso desproporcionado de la fuerza y eludir la responsabilidad de quienes dieron las órdenes desde el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía Nacional.


Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos ciudadanos (Art. 104 de la Constitución Española), no de generar terror entre la población civil. El Estado español ya ha sido condenado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Martínez Sala, Arretxea o Portu Juanenea) por el uso excesivo de la fuerza policial y por la falta de investigaciones judiciales efectivas.


Por todo ello, quienes firmamos esta petición EXIGIMOS:


Libertad inmediata y archivo de causas: La puesta en libertad sin cargos de todas las personas detenidas durante la jornada del 11N y en las acampadas previas, así como el archivo de oficio por parte de la Fiscalía de todas las causas penales y multas basadas en atestados manipulados o en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).


Investigación penal de oficio y cese de los responsables: La dimisión o cese inmediato de los responsables políticos y operativos del Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Madrid y la Dirección General de la Policía Nacional responsables de los dispositivos del 3N y 11N, así como la apertura urgente de diligencias judiciales para identificar y juzgar a los mandos y agentes que ordenaron y ejecutaron las cargas y el uso de gas lacrimógeno.


Prohibición de material antidisturbios contra protestas pacíficas: El fin inmediato del uso de gas lacrimógeno, pelotas de goma y cargas contra manifestaciones pacíficas, garantizando la reparación integral a todas las personas heridas y afectadas.


Supervisión e intervención internacional: Solicitamos a las Relatorías Especiales de la ONU y al Consejo de Europa que fiscalicen la actuación del Estado español, exijan explicaciones oficiales por la vulneración de los derechos de reunión e integridad física (Art. 21 CE y Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y velen para que no exista impunidad ni represalias contra los denunciantes y testigos.

Nota sobre las pruebas: Hacemos constar que los partes médicos de lesiones de los cientos de afectados y decenas de heridos, junto con las actas y el material audiovisual, están siendo sistematizados por el equipo jurídico de defensa para su presentación formal ante los Juzgados de Instrucción, la Fiscalía y los organismos internacionales.


Firma y comparte esta petición para exigir verdad, justicia y el fin de la impunidad policial.

Los destinatarios de la petición

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa

Actualizaciones de la petición