El 29 de septiembre de 2025, en el municipio de Jacona, Michoacán, Ana Gabriela Tamayo Manzo fue encontrada sin vida.
El responsable de este feminicidio fue su pareja, René G., quien además raptó al pequeño Renato, el hijo de Gabriela. Debido a los antecedentes de violencia de René, existe un profundo temor por la integridad del niño, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

A dos meses de estos hechos, la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, no ha presentado avances significativos en la investigación.
Por ello, te invitamos a unirte a esta exigencia colectiva de justicia para Gabriela y de búsqueda urgente para Renato. Que su voz no se apague y que la verdad salga a la luz. A continuación anexamos el pliego petitorio: 

Fiscalía General del Estado de Michoacán  

Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de Michoacán  

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán  

C. Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla  

Las personas firmantes, integrantes de la sociedad civil organizada, nos dirigimos a ustedes con el debido respeto para solicitar su intervención urgente y coordinada en la investigación del feminicidio de Ana Gabriela Tamayo Manzo, presuntamente cometido por René García Ramírez, quien actualmente se encuentra prófugo y además raptó al hijo menor de edad de la víctima, Renato García Tamayo, de quien no se tiene noticia alguna desde los hechos.

Con fundamento en nuestro derecho a la justicia, a la verdad, a la seguridad pública y a la protección de la niñez, solicitamos atentamente lo siguiente:

1. Publicación inmediata de la ficha de búsqueda del presunto feminicida René García Ramírez, considerándolo como persona de interés prioritario, con el fin de facilitar su localización y permitir la colaboración ciudadana.

2. Localización urgente y con vida del Renato García Tamayo, hijo de Gabriela, quien fue sustraído por el presunto feminicida. Solicitamos que su búsqueda se eleve a máxima prioridad, activando todos los protocolos estatales, nacionales e internacionales aplicables a la sustracción de menores.

3. Búsqueda y localización de la madre del presunto agresor, Bertha Ramírez Montejano, para que sea considerada como persona de interés, dado que existen indicios de su posible participación o colaboración para facilitar la evasión del imputado.

4. Búsqueda y localización del hermano del presunto agresor, Víctor García Ramírez, quien también se ausentó junto con él, pidiendo que sea investigado como posible cómplice. Asimismo, solicitamos verificar los registros oficiales de entradas y salidas a los Estados Unidos de América tanto de la madre como del hermano del presunto agresor.

5. Investigación de las propiedades vinculadas al presunto feminicida, incluyendo casas y locales en renta que continúan recibiendo pagos. Solicitamos la emisión de las órdenes de cateo correspondientes, particularmente:  

•    La vivienda de la madre del presunto feminicida.  
•    La huerta ubicada en el municipio de Chilchota.  
•    Estos espacios podrían contener evidencia relevante o información que facilite la localización del agresor y del bebé.

6. Apertura de una línea de investigación respecto al chofer, José Ángel Rodríguez Bravo, que reside en una de las propiedades del presunto agresor, así como una revisión detallada del movimiento que realizó con un camión el día lunes de 29 septiembre de 2025 por la mañana, pese a que la unidad ya no se encontraba en circulación, a fin de esclarecer su posible participación.

7. Que se tome como evidencia la laptop de Gabriela Tamayo que fue entregada a fiscalía regional de Zamora por la familia y que, sin embargo, no se ha obtenido respuesta sobre la información recopilada.

8. Que la Fiscalía Especializada en Feminicidios sea la instancia responsable de llevar el caso, garantizando que la investigación se realice con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y pleno apego a los protocolos nacionales e internacionales aplicables en casos de feminicidio y sustracción de menores.

La gravedad del feminicidio de Gabriela y la desaparición del Renato requieren una actuación inmediata, transparente y exhaustiva. Como ciudadanía exigimos que las instituciones competentes actúen con toda la fuerza de la ley para evitar la impunidad y salvaguardar la vida del menor.