La Junta de Castilla y León ha aprobado matar 339 ejemplares en su Plan de Gestión del lobo. Esta forma de gestión letal debería ser el último de los recursos, después de haber agotado las medidas preventivas. Parece que la Junta prefiere hacer las cosas al revés y empezar por matar y luego prevenir. Hay que hacer hincapié en que la Directiva de Hábitats de la UE considera al lobo una especie protegida, donde donde hay que mantenerla en un estado de conservación favorable. 

Este plan se basa en un censo anticuado (2013) y de dudosa fiabilidad ya que infla el número de individuos. Cualquier estudioso del tema, y con un mínimo de acceso a información fiable, sabe que en España las manadas son más reducidas de lo que estima el censo oficial. Es decir, este censo considera 8-9 ejemplares por manada mientras que los expertos en el área consideran una media de 4 individuos por manada. Esto reduce significativamente el censo, siendo la acción de la Junta de Castilla y León desmesurada e inapropiada para la conservación del Lobo Ibérico.  

Da la sensación que esta medida, es para satisfacer a los intereses cinegéticos, que ven en los planes de gestión, una oportunidad para poder ejecutar su sadismo con sus escopetas. Matar al lobo no es la solución a los ataques al ganado. Inflar censos para poder justificar estas medidas es una práctica que debe ser denunciada por atentar contra las buenas prácticas del gobierno autonómico. 

El lobo es patrimonio natural de España y de todos los españoles, su caza por unos pocos, como ocio y bajo el parapeto de un plan de gestión lleno de inconsistencias, es atentar contra el interés general de tod@s los españoles. 

¡Lobo vivo! ¡Lobo protegido!