CONSIDERANDO:

-Que se estipuló la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno de nuestro país y el de la República Popular China.

-Que posteriormente se dio difusión a través de los medios de un anteproyecto denominado “Complejo Tecnológico Exportador Porcino 20-30”.

-Que desde la Cancillería se mantuvieron las negociaciones y acuerdos con el gobierno chino, en un hermetismo deliberado.

-Que la difusión, filtrada en los medios, reavivó las alertas de personalidades y organizaciones ambientalistas, denunciantes de crímenes contra el planeta, en nuestro país y en el mundo.

-Que las advertencias expuestas demuestran los riesgos que tiene un acuerdo que permita la instalación de 25 criadores con 12.000 madres cada uno.

-Que el objetivo es la exportación de 900.000 toneladas de carne de cerdo a China durante cuatro años, con el fin de suplir la mortandad ocasionada por la fiebre africana a la producción del país asiático.

-Que dicha fiebre también afecta a la producción porcina en Alemania y Polonia, donde también hubo grandes sacrificios en la producción de cerdos.

-Que la actual emergencia socio sanitaria y económica, producto de la pandemia, es sistémica y se manifiesta en el Cov SARS II, que declarado su origen se propagó desde factorías semejantes a las propuestas en el anteproyecto, hacia la población aledaña y luego al mundo.

-Que nuestro país es Estado Parte del ‘Acuerdo de París contra el cambio climático’, donde se establece el compromiso a evitar la producción de gases de efecto invernadero.

-Que los números relacionados a los recursos necesarios para las instalaciones previstas son infaustos. Según datos trascendidos, cada instalación precisa “un millón y medio de litros de agua por día, que estén cerca de zonas con cierta urbanización para garantizar los servicios básicos, carreteras y tendido eléctrico”.

-Que no se puede considerar viable la destrucción del ambiente con el único fin de obtener ganancias rápidas para el pago de la deuda externa y la fuga de capitales, en perjuicio de la salud de la población humana, animal y la vegetación.

-Que las promesas de crecimiento económico y mayor empleo no están garantizados, tal como lo demuestran las grandes empresas que extraen las riquezas de nuestro suelo: exigen beneficios fiscales y leyes laborales que sobre exploten a trabajadoras y trabajadores, entre otras pretensiones.

-Que son miles las denuncias realizadas a empresas relacionadas a la super explotación de la tierra y el extractivismo, a lo largo y ancho del país, por atropellos y atentados al ambiente y a los derechos humanos.

-Que no se puede seguir perpetuando el horror sistemático al que sometemos a los animales y debemos ponerle fin al especismo.

Exigimos que se declare el rechazo a la instalación de 25 factorías con 12.000 madres porcinas en cada una, conocidas como “mega granjas”, en el territorio argentino, y particularmente en el territorio de la provincia de Córdoba, por atentar contra el ambiente y poner en peligro a la población, los recursos naturales y los derechos humanos y de los animales.