La pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 ha sumido a España en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes.

Según datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de hoy, 6 de mayo, 53 días después del inicio oficial de la crisis, la pandemia ha ocasionado la espantosa cifra de 36.332 muertos (*), la mayor tasa de mortalidad del mundo, 244 víctimas más que ayer.

Además de 220.325 infectados, la mayor tasa del mundo por millón de habitantes (mayor que la de EE.UU y China juntos), y un aumento de 876 contagios respecto al día de ayer, 5 de mayo. 

Para hacer frente a esta crisis brutal, el Gobierno de la Nación decretó el Estado de Alarma en todo el territorio nacional (R.D. 463/2020, de 14 de marzo) confinando en su domicilio a 47 millones de españoles y suspendiendo todas las actividades económicas, laborales y de servicios, salvo las destinadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, así como las necesarias para asegurar la producción, distribución y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

A pesar de ello, la empresa MERCADONA, por decisión de su presidente Juan Roig Alfonso, hace más de dos meses que suspendió la venta online y el reparto a domicilio de las compras efectuadas en todas las tiendas de su red, salvo en las provincias de Valencia y Barcelona.

Esta decisión sine die la ha justificado el Sr. Roig alegando que "ante la imposibilidad de dar un buen servicio, temporalmente no vamos a realizar reparto en su zona. Podremos atenderle en su tienda más cercana en el horario de 9 a 19:00 horas".

Sin embargo, esta "justificación" es insostenible. ¿Por qué Mercadona puede dar un "buen servicio" en todas sus tiendas y le resulta "imposible" darlo online?

La respuesta es evidente. Porque el Sr. Roig, antepone sus intereses empresariales/económicos al SERVICIO, la SALUD PÚBLICA y al interés de sus CLIENTES, y aprovecha la infinita demanda actual en sus tiendas para hacer caja, reducir gastos e incrementar sus beneficios.

Esta supresión de un servicio público esencial (la venta online y el reparto a domicilio) es INTOLERABLE por ilegal, prepotente, absurda, egoísta y discriminatoria, pues Mercadona no la aplica en las mencionadas provincias de Valencia y Barcelona.

Además, afecta ESPECIALMENTE a los colectivos más vulnerables y necesitados, como son personas mayores, minusválidas, embarazadas, dependientes o con problemas de movilidad, y podría ser considerada DELICTIVA por denegación de ayuda, negligencia culposa o contraria al objetivo prioritario de evitar contagios, fijado por el R.D 463/2020, de 14 de marzo, al atentar gravemente contra el bien común y la salud pública en el actual Estado de Alarma.

Con todo ello Mercadona vulnera los DERECHOS de los consumidores y usuarios online, conforme a la legislación vigente, y ha dejado sin servicio a cientos de miles de clientes a quienes previamente había fidelizado para incrementar sus ventas, ganar cuota de mercado y mejorar su cuenta de resultados.

Es obvio que con la reanudación de la venta online y del reparto a domicilio Mercadona, además de recuperar un SERVICIO PÚBLICO esencial, contribuiría significativamente al confinamiento ordenado por el Gobierno, disminuyendo el riesgo de CONTAGIOS al evitar las aglomeraciones que diariamente se producen en sus tiendas y las largas colas en sus accesos.

Por todo ello, los abajo firmantes

1. Mostramos nuestro más absoluto rechazo a unas medidas restrictivas tan discriminatorias, injustas, insolidarias y contrarias al interés general y a la salud pública.

2. Pedimos al Sr. Roig Alfonso, presidente de Mercadona, que a la mayor urgencia reanude la venta online, así como el reparto a domicilio en toda su red de distribución.

(*) Incluye los fallecidos recientemente en Madrid y Cataluña que el Ministerio de Sanidad se niega a reconocer, conforme al recuento oficial de muertos por coronavirus de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Generalidad de Cataluña.

      Locuras como ésta se habrían evitado (14/03/2020)

      O como estas otras (13/03/2020)

     Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios