Los funcionarios de prisiones, aquellos que diariamente trabajan y conviven con personas que han sido separadas de la ciudadanía por suponer un riesgo inminente, y a la vez velan por sus derechos deben ganar lo mismo que sus compañeros en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria y que retribuye con casi 500 euros más al mes la realización de las mismas funciones.