Los escándalos de financiamiento irregular y conflictos de interés de parlamentarios con grupos económicos que hemos conocido a raíz del Caso Penta, deslegitiman la actividad política, aumentan la desconfianza hacia nuestras autoridades electas y los aleja de sus representados. Por esto, como ciudadanía nuestro deber es exigirle a nuestros representantes electos con fraude a la fe pública que RENUNCIEN. Nosotros elegimos a nuestros representantes para que legislen según el interés colectivo y no por el interés privado de grupos económicos.