A la ciudadanía, al Consejo General del INE, a su Órgano Interno de Control y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno:

Ante la renuncia de la Presidenta del Instituto Nacional Electoral y de 3 personas más de su equipo, señaladas por presuntos hechos de corrupción, y ante la posibilidad de que se sumen más renuncias por los mismos hechos, solicitamos:

1. Solo lo que marca la ley. Que a la Presidenta y a todas las personas servidoras públicas que hayan renunciado o renuncien por estos hechos, se les otorgue únicamente el finiquito que por ley corresponde a una renuncia voluntaria. Nada de liquidación de 90 días, nada de 20 días por año, nada de compensación por término de encargo, bono de retiro, bono de riesgo, seguro de retiro voluntarios o cualquier otro pago extraordinario no previsto en la Ley.

2. Pago hasta después de investigar. Que dicho finiquito legal no sea entregado hasta que concluyan las investigaciones y auditorías del Órgano Interno de Control del INE. Si de esas investigaciones resulta un daño patrimonial o responsabilidad administrativa, que el monto se descuente o se retenga conforme a derecho.

3. Que quede antecedente. Que en caso de acreditarse faltas graves, se inicie el procedimiento de inhabilitación y se dé vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que la renuncia no sea usada como forma de evadir responsabilidades.

4. Transparencia total. Que el INE publique en la Plataforma Nacional de Transparencia el desglose completo de lo que se pretende pagar a cada persona que renuncie.

No pedimos violar derechos laborales. Pedimos aplicar la ley: lo justo, y solo cuando se aclare todo.

Porque en una institución que debe ser ejemplo de legalidad, renunciar no puede ser sinónimo de irse con una compensación millonaria.

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