El principal problema de nuestro país es la pésima calidad de la educación y el deficiente sistema de salud, ambos en escala ascendente hacia una grave crisis. Necesitamos pronto una mejora en estas áreas críticas, y es hora de que los funcionarios públicos y sus familias experimenten en carne propia lo que los ciudadanos enfrentan día a día. La única manera de garantizar una verdadera transformación es haciendo obligatoria la utilización de los servicios públicos de salud y educación para los funcionarios, incluyendo a la presidenta, y sus núcleos familiares.

Nuestros hospitales se encuentran en situaciones precarias, sin medicamentos esenciales, lo que ha llevado a que muchas personas pierdan la vida por carecer de atención médica adecuada y oportuna. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la carencia por acceso a los servicios de salud afecta de manera generalizada a la población, manifestándose con mayor severidad en los sectores más vulnerables. En las áreas rurales del país, la problemática supera con creces los umbrales críticos, alcanzando al 54.8% de sus habitantes, quienes carecen de un sistema de afiliación o adscripción médica formal. Lejos de ser una realidad aislada del entorno rural, este rezago se extiende con fuerza hacia los contextos urbanos, donde el 33.9% de la población enfrenta la misma barrera de exclusión, consolidando una crisis de cobertura que impacta transversalmente a la sociedad mexicana. Es imperativo que las decisiones sobre políticas de salud sean tomadas con pleno conocimiento de los desafíos reales que se viven en estas instituciones.

Igualmente preocupante es el estado de nuestras escuelas públicas. Con niveles de educación que no preparan a los alumnos para enfrentar el mundo laboral, estamos creando generaciones de ciudadanos que votan no por capacidades y propuestas, sino por promesas vacías y dadivas temporales. El analfabetismo funcional constituye una de las barreras estructurales más invisibles pero dañinas para la consolidación democrática. De acuerdo con las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), este fenómeno no se limita a la incapacidad absoluta de firmar o descifrar palabras, sino a la imposibilidad de comprender, evaluar y aplicar textos complejos en la vida cotidiana. En México, mientras los indicadores tradicionales del INEGI celebran la reducción del analfabetismo absoluto a niveles mínimos, millones de ciudadanos permanecen atrapados en el analfabetismo funcional. Esta brecha de comprensión socava directamente el ejercicio de una participación ciudadana responsable, pues una sociedad incapaz de discernir críticamente la información y los discursos políticos queda severamente limitada para auditar al poder y emitir un voto plenamente razonado.

Los ciudadanos tienen derecho a un sistema de salud eficiente y una educación de calidad. Hacer partícipes a nuestros dirigentes de estos servicios vitales asegura que se hagan mejoras y que, finalmente, se prioricen las inversiones y reformas necesarias en estas áreas. Al adoptar este enfoque compartido, estamos no solo construyendo un país más justo y solidario, sino también sembrando las bases para un futuro más prometedor.

Exigimos que el gobierno implemente leyes para que todos los funcionarios, desde el más alto hasta el más bajo rango, junto a su núcleo familiar, utilicen los servicios públicos de salud y educación. Esta medida no solo promoverá su buen funcionamiento, sino que también constituirá un paso firme hacia una gestión más responsable y empática.

Firma esta petición para lograr un cambio real y necesario en nuestro sistema de salud y educación. Tu apoyo es crucial para transformar la forma en que se abordan estos problemas fundamentales en nuestro país.