El domingo 22 de marzo se anunció el establecimiento del toque de queda en todo el territorio nacional por la pandemia de COVID-19. De aquello ya han pasado más de 200 días y el país se ha mantenido bajo esta medida restrictiva, a pesar de que las mayorias de las comunas del país han salido de la cuarentena y se encuentran en alguna fase del plan paso a paso. Ejemplo de ello es la Región Metropolitana, que ya no cuenta con ninguna comuna en cuarentena.

Ante tal panorama, la aplicación de toque de queda como medida sanitaria no tiene fundamento y parece tener por objetivo restringir libertades civiles para controlar la población durante el proceso constitucional que vive el país.

Estamos ante una medida de control social, que lo que busca es mantener la presencia policial en las calles y adoptar esta medida altamente restrictiva en materia de derechos humanos como es la del toque de queda.

En el fondo podríamos decir que el toque de queda, en el marco de la pandemia, es la prolongación de una estrategia que se emplea a partir de la crisis de octubre del 2019, que es el establecimiento del estado de excepción por la revuelta social.