Las familias sostenidas por una única persona progenitora llevamos demasiados años siendo ignoradas por nuestro ordenamiento jurídico. Somos una realidad social en aumento que sigue sin una regulación que legitime nuestro modelo familiar, lo que deriva en desigualdad, menores oportunidades y empobrecimiento, únicamente por el modelo familiar. Somos familias sustentadas por mujeres en más del 80%, lo que añade la necesidad de perspectiva de género, además de infancia, en el análisis y las políticas.

La principal apuesta del Gobierno es la anunciada Ley de familias, que NO responde a la petición histórica de las entidades: una Ley de Familias Monoparentales que recoja nuestro modelo familiar de manera exclusiva, en el que a su vez intersectan el resto de circunstancias que se pretenden abordar en este marco general de familias. Las monoparentales también somos numerosas, tenemos personas con discapacidad, partos múltiples, vivimos en el medio rural, incluso pertenecemos al colectivo LGTBI, por poner algunos ejemplos.

Se plantea nuestra regulación, en un escenario tan amplio de casuísticas, que mucho nos tememos no recogerá todas nuestras necesidades específicas, quedando una vez más pospuestas a un desarrollo posterior. Como nos temíamos, esto está generando retrasos e incertidumbres.

En este contexto, hasta ahora los Presupuestos Generales del Estado NO han previsto ninguna medida compensatoria o preventiva, fundamental para evitar la pobreza a la que la mitad de las familias monoparentales quedan abocadas, lo que adquiere más relevancia en contextos de crisis como la que estamos viendo en el horizonte. Según todos los datos disponibles, las crisis castigan especialmente a estas familias por unos cuidados no compartidos y sin medidas corresponsables para paliar la situación de desventaja frente a otros modelos familiares.

El porcentaje de familias monomarentales que tienen dificultades para llegar a final de mes llega al 79%, manifestando que han visto empeorar su situación laboral y económica tras la pandemia (Informe monoparentalidad y empleo 2020, Fundación Adecco). El porcentaje de familias monoparentales en riesgo de pobreza o exclusión (Tasa Arope, INE 2022) supera en 2021 el 54%, dato que duplica el equivalente para las familias con dos personas progenitoras y el de población en general, y que ha aumentado 4 puntos respecto a 2020, frente a apenas 1 punto de incremento en el resto de las estructuras familiares. Hablamos de oportunidades de nuestras niñas y nuestros niños, por los que seguiremos luchando sin descanso.

Pedimos tu apoyo justo en este momento porque a pesar de recibir el apoyo de varios grupos parlamentarios nuestras reivindicaciones siguen en un cajón. Incluir nuestras peticiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado permitiría solventar ya discriminaciones sostenidas por normas vigentes, con importantes consecuencias para las y los menores.

Entre las peticiones más urgentes están estas:

• Modificación de la ley de familias numerosas, para que, al fin, todas las familias monoparentales con dos hijos/as y no solo aquellas que proceden del fallecimiento de una de las personas progenitoras, tengan la consideración de familia numerosa. Hace ¡14 años! que llevamos escuchando que su aprobación es inminente, pero seguimos esperando. Es una injusticia que afecta a la protección de las familias de 2 menores por progenitor/a, frente a familias numerosas en las que, en cambio, el número de menores por progenitor/a es de 1,5.

Esta medida fue incorporada en varias Leyes de PGE anteriores. En concreto, en los PGE para 2008, 2009 y 2010, donde se daba un mes de plazo para la modificación. Igualmente, el Senado ya ha instado al Gobierno a realizar la modificación a través de dos mociones aprobadas en esta cámara.

• Modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público para que los permisos dirigidos al cuidado de los y las menores les garanticen el mismo tiempo para ser atendidos por su figura de apego, sin tener que acudir a la justicia. El permiso por nacimiento, acogida o adopción en familias biparentales es de 16 semanas para cada progenitor (un total de 32), mientras que para monoparentales solo se están concediendo 16 semanas. El tiempo por lactancia es de 1 hora diaria para monoparentales, frente a 2 horas en familias de dos progenitores. La prestación de corresponsabilidad con el cuidado del lactante se nos deniega, por un requisito imposible de cumplir, no existe un segundo progenitor que se pueda tomar una reducción de jornada.

Son ya muchos los pronunciamientos en este sentido, judiciales (CGPJ, TSJPV, TSJA, Juzgados en primera instancia de diversas comunidades), de sindicatos (UGT, CCOO, CSIF, CGT, USTEA, Organización de mujeres de la Confederación Intersindical -STEs-i- y otros) y de la propia Administración en distintas comunidades y sectores, que reconocen la discriminación actual que sufren las criaturas de familias monoparentales frente a biparentales. Señalan la necesidad de considerar el interés superior del menor, así como el derecho a la conciliación, y la discriminación indirecta por razón de género, pues la norma, aún sin pretenderlo, amplía la brecha por cuidados de estas madres, con mayores gastos para conciliar, mayor presión fiscal y menor protección laboral, considerando que mayoritariamente nuestras familias están sostenidas por mujeres.

En el sector público, este derecho está siendo reconocido en Galicia, Castilla la Mancha y Aragón. En la judicatura se aplica también este criterio tras acuerdo del CGPJ, y recientemente se han conocido decisiones similares para la Policía Nacional, la Universidad de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza. El Ministerio de Derechos Sociales también ha resuelto a favor de una madre soltera trabajadora de este Ministerio, en este mismo sentido.

Fuera de estos casos, las madres tienen que acudir a la justicia, una a una. Urge que se resuelva la situación de manera homogénea en todos los ámbitos.

• Modificación de la Ley de Haciendas Locales para que los Ayuntamientos puedan aplicar bonificaciones en los impuestos municipales a las familias monoparentales del mismo modo que se realiza a las familias numerosas.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobaba hace tres años una moción trasladando al Gobierno la necesidad de modificar esta Ley.

• Bono Social: aplicación del mismo criterio de acceso que las familias numerosas sin límite de renta. Se trata a la familia monoparental como una circunstancia especial, olvidando que somos familias y que dichas circunstancias también pueden presentarse en las nuestras (discapacidad o violencia).
• Mejoras en prestaciones no contributivas: IMV, complemento de infancia, prestación por hijo a cargo y prestación tras el nacimiento o adopción en caso de familias monoparentales. La renta disponible y, por tanto, la capacidad económica real de una familia monoparental es menor que la de otras familias aún con los mismos ingresos familiares, ya que por su propia configuración tiene que hacer frente a mayores gastos de conciliación y cuidados con un único salario. De las posibilidades o no de conciliar depende el sustento y la autonomía de la familia. Debe mejorarse el acceso de las familias monoparentales al IMV y al complemento de infancia en tanto en cuanto la anunciada prestación universal no sea una realidad, con criterios económicos de acceso equitativos que tengan en cuenta nuestra realidad. Todas las familias monoparentales deben considerarse como unidad de convivencia independiente, respecto del cómputo de sus ingresos y del complemento de monoparentalidad, aunque convivan con otros familiares o personas por necesidad. Deben revisarse los criterios de renta para el complemento a la infancia, al menos igualando a los de biparentales con el mismo número de hijos/as, pues ahora es más restrictivo.

Hay otros ámbitos en los que las familias monoparentales también estamos penalizadas, como ocurre con las políticas de vivienda que no tienen en cuenta nuestras dificultades de acceso a este derecho fundamental, o la normativa del IRPF. La deducción por tributación conjunta de 2.150 € es inferior que en el caso de familias biparentales, para las que esta deducción asciende a 3.400 €. Además, no existen mecanismos de compensación para nuestras familias ante la ruptura de la progresividad del impuesto que se produce en familias biparentales con dos fuentes de ingresos que tributan a través de la opción individual, lo que hace que, a iguales ingresos familiares, nuestra presión fiscal sea superior en más de un 12%, siendo de mayor impacto a salarios más bajos. El impuesto tampoco considera en la asignación de los mínimos familiares la ratio nº de descendientes por cada adulto de los que dependen. Los PGE de 2023 deben, por fin, abordar un tratamiento fiscal justo para las familias monoparentales.

El Senado de España aprobó hace dos años una moción de apoyo a nuestras familias por las que insta al Gobierno a adoptar distintas medidas, incluidas las que planteamos aquí, con un tratamiento protector equiparable al que disfrutan las familias numerosas, y en distintos ámbitos fundamentales para nosotras como la conciliación, el empleo, la vivienda, la salud o la educación.

Necesitamos que se pase de las palabras a los hechos y acabar con la inacción institucional de tantos años. Para ello, tenemos que hacer saber a nuestros representantes en el Congreso y también al Gobierno, que estas medidas deben ser aceptadas por derechos de la infancia y justicia social, de manera que, desde 2023, comencemos a avanzar en igualdad. 

Urge eliminar discriminaciones que merman nuestros derechos con consecuencias directas en nuestros niños y niñas, en su protección y oportunidades.

Gracias por tu solidaridad y apoyo.

Enlaces para mayor información:

Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de PGE para 2022.​

Moción aprobada en el Senado, octubre 2020​

Información sobre permisos parentales en familias monoparentales​

La monoparentalidad en el IRPF​

Nuestras demandas y argumentaciones para los PGE​

Análisis jurídico Becas y Ayudas al estudio 22/23