Como denunciante y alertador de corrupción solicito al Gobierno español, y a los partidos que le apoyan, que se legisle la suspensión de las resoluciones, incluidas aquellas que fueran firmes, que se hubieran tomado contra los denunciantes de corrupción, es decir represalias, salvo que se demuestre judicialmente la falsedad de las denuncias.

Se trata de conseguir que todos los denunciantes de corrupción que hayan sufrido represalias puedan repararlas.

Con esta suspensión, quedarían invalidadas:

1) La condena a dos años de prisión a Roberto Macías por desvelar 40 millones de euros en corrupción en UGT-A;

2) La resolución que ha supuesto la expulsión del Cabo Santos de las Fuerzas Armadas por firmar un manifiesto antifranquista y denunciar corrupción.

3) La expulsión que yo también sufrí por múltiples denuncias.

4) Las injustas resoluciones que han sufrido muchos otros denunciantes.

Dicha suspensión puede introducirse en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en cualquier otra ley, como el futuro Estatuto del Denunciante de Corrupción o en la trasposición de la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes de Corrupción