La propiedad privada está en peligro.

En el año 2019 se estimaba que había unas 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España. De enero a junio de 2020 se han ocupado ilegalmente más de 7.400 inmuebles.

Muchos propietarios ven como sus viviendas son ocupadas por personas que irrumpen en sus casas, en ocasiones violentamente, y se instalan en ellas aprovechando que la legislación no permite un desahucio exprés y que el proceso judicial es tan lento que puede alargarse durante años.

No podemos permitir que en España se siga vulnerando el derecho a la propiedad privada, y que los okupas se escuden detrás de una legislación que les protege. El gobierno, por boca de la ministra Margarita Robles afirma que "tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación'” negando la realidad que sufren cada día más familias de nuestro país al encontrarse con el drama personal y social de ver su vivienda ocupada.

A pesar de lo que algunos quieren hacernos creer, la propiedad privada es también un derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 17 reconoce que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.  Nuestra legislación debe garantizar este derecho.

Por todo ello, desde nuestra plataforma “En defensa de la propiedad privada: Acabemos con la okupación”, exigimos al Gobierno de España que tome cartas en el asunto, reconsidere su posición e impulse una reforma de la ley vigente para proteger por fin a los ciudadanos.