La multinacional española Abengoa, pionera y líder mundial en energías renovables, se ha visto abocada a su más que posible desaparición, por la presunta gestión fraudulenta de sus anteriores gestores y directivos, encabezados por Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y su consejo de administración,integrado por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, así como por el sucesor del primero, Juan Pablo López-Bravo Velasco.

Urquijo y su consejo, ya fueron sancionados por falta muy grave por la C.N.M.V. , ante la falta de presentación de las cuentas correspondientes de la sociedad del ejercicio 2019. La Fiscal de delitos económicos , Verena García-Lomas Gago, la magistrada Reyes Flores Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Sevilla y José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, aprecian indicios de delito en los hechos denunciados por la acción penal a raíz de las querellas presentadas. Literalmente, la juez Flores Canales, afirma en el auto que “es clara que estaríamos ante una defraudación con grave repercusión para la economía nacional por cuanto afecta además a una generalidad de personas a las que genera un importante perjuicio patrimonial” Además, considera que la investigación “pone de relieve hechos presuntamente delictivos a raíz de las operaciones realizadas por el Consejo de Administración de Abengoa SA tras la primera reestructuración económica y la segunda reestructuración económica al adoptar una serie de acuerdos presuntamente lesivos y que perjudicaban a los accionistas minoritarios y a la propia administrada y que beneficiaban directamente los intereses particulares de las entidades financieras acreedoras de la mercantil” .

Cabe recordar que el banco de Santander es el principal acreedor, entidad bancaria envuelta, asimismo, en miles de procesos judiciales ocasionados al comprar por 1 euro el banco Popular, lo cual ha supuesto la ruina de familias (300.000 en el caso del Popular y 90.000 afectados en Abengoa) además de menoscabar las arcas públicas, ya que el estado es el principal accionista y afectado en Abengoa. Esto ha generado la pérdida de casi 11.000 puestos de trabajo: de los 24.000 empleados de 2014, se ha pasado a 13.500, 2.550 en España, de los que el 80% trabajan en Andalucía).

Es necesario y urgente que el gobierno tome cartas en el asunto, ya que la empresa se encuentra en proceso de liquidación, por el concurso de acreedores, forzado innecesariamente por el anterior presidente del consejo, Juan Pablo López-Bravo Velasco, y depure responsabilidades, tanto civiles, mercantiles como penales, interviniendo en la empresa a través de los mecanismos legales que marca la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 373, amén del nombramiento de un administrador concursal DUAL, entre otras inexcusables alternativas, en aras de impedir que la empresa se desguace definitivamente.  

"Para que triunfe el mal sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada"
(Edmund Burke)