Eliminar la exigencia de un año para que las familias acogedoras funcionarias puedan acceder al permiso por acogimiento.

Un menor en acogimiento temporal, especialmente un recién nacido en situación de acogimiento de urgencia, puede quedar en una situación de especial vulnerabilidad si sus derechos y necesidades no son adecuadamente protegidos desde el primer día [1]. El artículo 49.b del Estatuto Básico del Empleado Público [2] establece que, para acceder al permiso por acogimiento temporal, el acogimiento debe tener una duración no inferior a un año, lo que afecta al derecho de los acogedores a disponer del tiempo necesario para estar con el menor durante las primeras semanas, precisamente el periodo en el que la propia normativa reconoce la necesidad de un cuidado presencial e ininterrumpido [3].

Esto genera una diferencia de protección para los menores acogidos temporalmente por familias en las que la persona acogedora es funcionaria, ya que puede dificultar que disponga del mismo tiempo de cuidado que en otros supuestos. Esta diferencia contrasta con el régimen aplicable al acogimiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores, que desde la reforma de 2025 reconoce el derecho al permiso por acogimiento sin establecer en su artículo 48.5 una duración mínima de un año.

El acogimiento de urgencia requiere una atención permanente, puede ser un recién nacido, siendo por tanto, este trato desfavorable el que le afecta en cuanto al derecho de atención y cuidado conforme a la Constitución Española.  Esta situación debe analizarse también a la luz de la Directiva (UE) 2019/1158 [4], relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores, cuya transposición motivó la reforma de 2025. Esta diferencia normativa plantea una cuestión de coherencia e igualdad de protección que debería ser revisada por el legislador, porque puede traducirse en una menor disponibilidad de tiempo de cuidado para determinados menores acogidos. 

Pedimos al Gobierno y a las Cortes Generales que revisen esta diferencia normativa para asegurar que el Interés Superior del Menor no sea simplemente un ideal, sino una realidad tangible para cada niño, y las personas acogedoras puedan disponer del tiempo necesario para garantizar al menor la atención y los cuidados que requiere, especialmente durante las primeras semanas del acogimiento.

Por ello, exigimos que se modifique el artículo 49.b del Estatuto Básico del Empleado Público, para eliminar la exigencia de que el acogimiento temporal tenga una duración no inferior a un año, de manera que el acceso al permiso no dependa de que la duración inicialmente prevista del acogimiento alcance ese plazo. Esta exigencia no figura actualmente en el artículo 48.5 del Estatuto de los Trabajadores [5], tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 9/2025.

Este cambio no solo favorecerá el desarrollo pleno del menor sino que permitirá reforzar la coherencia del régimen de permisos y situar en el centro el interés superior del menor, garantizando que la duración inicialmente prevista del acogimiento no determine la posibilidad de que la persona acogedora disponga del permiso necesario para su cuidado.

El interés superior del menor debe orientar también las normas que determinan si la persona que lo acoge puede disponer del tiempo necesario para cuidarlo.

Firma esta petición para pedir que ningún menor en acogimiento temporal quede condicionado por la duración prevista de su acogimiento a la hora de recibir los cuidados que necesita.

Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo esta petición con tus contactos, familias acogedoras, profesionales de infancia, empleados públicos y entidades sociales.

[1] Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

[2] Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

[3] Consideración del propio legislador sobre las primeras semanas inmediatamente posteriores a la decisión administrativa del acogimiento Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

[4] Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

[5] Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.