La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. de haber recibido recursos ilegales de parte de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante  la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La defensa legal de las 31 personas involucradas en la acusación se vio apoyada por la sentencia MI/SS/D/9941/2021, emitida el 17/8/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., desde su creación en el año 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020.

El sentido de la resolución del máximo tribunal de justicia en el país no fue obstáculo para que, siete días después de emitida, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitara al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano" la orden de aprehensión por uso de fondos “de procedencia ilícita” en contra de las 31 personas acusadas.

La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país. 

¡Exigimos el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana!