Exijo justicia: CONEVAL encubrió acoso laboral y sexual tras la muerte de mi hijo

La causa

English version below

✨ Exijo justicia: fui víctima de acoso laboral y sexual, y enfrenté represalias institucionales tras la muerte de mi hijo


Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México
Raquel Buenrostro Sánchez
Titular de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría Anticorrupción

Mi nombre es Verónica Villar. Durante siete años trabajé en la Coordinación General de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Hoy alzo la voz para exigir justicia tras haber sido víctima de acoso sexual, acoso laboral y represalias institucionales, justo en el momento más vulnerable de mi vida: después de la muerte de mi hijo.

En 2018, sufrí acoso sexual en dos ocasiones por parte de un director del CONEVAL. No denuncié en ese momento por temor a represalias, ya que el agresor contaba con la protección de su superior jerárquico inmediato.

En 2022, iniciaron episodios de acoso laboral esporádico, con burlas hacia mi pérdida auditiva progresiva y mi maternidad —yo era la única madre en mi equipo. Sin embargo, tras el fallecimiento de mi hijo, el 31 de mayo de 2024, el hostigamiento escaló gravemente. Mi vulnerabilidad fue utilizada en mi contra, y mi decisión de finalmente denunciar fue respondida con violencia institucional.

Intenté abordar la situación de manera pacífica, buscando únicamente que cesaran las agresiones. Pero en lugar de apoyo, enfrenté una campaña sistemática para desacreditarme y aislarme profesionalmente.

Además, se intentó criminalizarme por un error administrativo menor que yo misma reporté. La acusación desproporcionada no fue un acto aislado, sino parte de un entorno laboral hostil sostenido por la complicidad de las áreas de Administración y Jurídico, que permitieron y encubrieron las acciones de quienes ejercían violencia.

Solicité apoyo institucional. Pedí, de manera respetuosa y general, durante una reunión, que no se permitieran vendetas personales. Después, solicité una audiencia formal con el actual Secretario Ejecutivo (y último en ese cargo), quien nunca me recibió.

El Órgano Interno de Control “investigó” superficialmente los hechos que denuncié. Solicité que se indagara a fondo sobre posibles fabricaciones de pruebas, entre otros hechos graves. Sin embargo, concluyeron que “no había elementos suficientes” y decidieron archivar el caso. También solicité protección porque cada vez iban escalando más las represalias, protección que nunca me proporcionaron. Este patrón de simulación y desprotección deja a las víctimas completamente expuestas.

 
⚠️ Lo que hace este caso aún más grave
Mientras públicamente el Secretario Ejecutivo decía estar preocupado por el personal del CONEVAL, al interior permitía y omitía lo que me estaba ocurriendo.

Si alguna institución conocía bien el impacto que tiene el acceso al trabajo formal sobre los derechos sociales, era precisamente el CONEVAL. Esa era su especialidad: evaluar las condiciones de acceso a salud, seguridad social, vivienda, educación y bienestar. También sabía, por su experiencia institucional, el daño que el desempleo, la hostilidad y la violencia laboral provocan en la salud mental y el proyecto de vida de una persona.

Pero en lugar de protegerme, usaron esa información contra mí.

Distintas personas me forzaron a revivir una y otra vez mi dolor, mi duelo, mi pérdida. Me presionaron, me aislaron, y me hicieron sentir, quincena tras quincena, que tal vez ese sería mi último ingreso, que me quedaría sin empleo, sin seguridad social, sin acceso a salud, sin prestaciones.

Esa incertidumbre sistemática, intencional, sabiendo que estaba en duelo, con una salud mental quebrada y sin red de apoyo, fue una forma de tortura psicológica.

Además, mientras estas personas planeaban acciones en mi contra en horario laboral, yo tenía que desvelarme hasta las 4 de la mañana preparando escritos de defensa, para luego levantarme tras solo unas horas e ir a entregarlos personalmente al Órgano Interno de Control, en una ubicación distinta a mi lugar de trabajo.

Esto agravó aún más mi salud física y mental. Y como si eso no fuera suficiente, me despidieron sin liquidación, aun cuando ante el inminente cierre del CONEVAL muchas personas recibirán ese derecho, incluso quienes permitieron y participaron en mi hostigamiento.

 
🙏 ¿Qué solicito?
- Una investigación seria, independiente y sin simulación sobre los hechos de violencia institucional, acoso y omisión.
- La revisión del actuar de las áreas involucradas: Administración, Jurídico y Secretaría Ejecutiva.
- Garantías de no repetición para otras personas servidoras públicas.
- Un alto a la impunidad institucional en casos de violencia laboral y de género.
 
⚠️ ¿Por qué es urgente?
Ante el posible cierre del CONEVAL, muchas de las personas funcionarias públicas involucradas en estas prácticas podrían ser reubicadas en otras instituciones gubernamentales o en universidades de prestigio, públicas y privadas.
Si no se investigan ni sancionan estas conductas, existe el riesgo de que se repliquen en otros espacios, perpetuando dinámicas de acoso, complicidad y violencia.

 
No busco venganza. Busco justicia, verdad y dignidad.
Porque el dolor no debe ser instrumento de castigo.
Porque ninguna persona debería ser violentada por atreverse a denunciar.
Porque todas merecemos un entorno de trabajo digno, justo y libre de violencia.

Te invito a firmar y compartir esta petición.
Tu apoyo es fundamental para que la verdad salga a la luz.

Verónica Villar
Exservidora pública | Madre | Autora y emprendedora mexicana

 

I demand justice: I was a victim of workplace harassment and sexual harassment, with institutional retaliation after the death of my son

Dr. Claudia Sheinbaum Pardo
President of Mexico
Raquel Buenrostro Sánchez
Secretary of the Civil Service and the Anti-Corruption Office

My name is Verónica Villar, and for seven years, I worked at the General Evaluation Coordination within the National Council for the Evaluation of Social Development Policy (CONEVAL). Today, I raise my voice to demand justice after enduring sexual harassment, workplace harassment, and institutional retaliation, all during the most vulnerable moment of my life: after the death of my son.

In 2018, I was sexually harassed on two occasions by a director at CONEVAL. I did not report it at the time out of fear, as the perpetrator was protected by senior leadership.

In 2022, sporadic workplace harassment began—mocking my progressive hearing loss and my motherhood (I was the only mother in my team). After my son passed away, the hostility escalated. My vulnerability was weaponized against me, and when I finally chose to report, the response was institutional violence.

I tried to address the situation peacefully, only hoping the aggression would stop. Instead, I was systematically isolated and discredited.

They even attempted to criminalize me for a minor administrative mistake I reported myself. This disproportionate accusation was not an isolated incident but part of a broader hostile environment, protected by the Legal and Administrative departments, which enabled and covered for those acting violently.

I sought help within the institution. I respectfully requested, during a general meeting, that personal vendettas not be allowed. I also formally requested a meeting with the then Executive Secretary, who never received me.

The Internal Control Office conducted only a superficial “investigation” of my complaints. I asked that they investigate possible evidence fabrication and other serious violations. Nevertheless, they concluded there was "insufficient evidence" and closed the case. This pattern of simulated procedures and lack of protection leaves victims entirely defenseless.

 
⚠️ Why this case is even more serious
While the Executive Secretary publicly expressed concern for CONEVAL's staff, internally, this violence was being tolerated—and I was enduring it alone.

If any institution understands how formal employment affects access to social rights, it is CONEVAL. That was its job: evaluating health, education, social security, and well-being policies. It also had clear awareness of the toll that unemployment, hostility, and workplace violence take on mental health—both in general and in my case specifically.

But rather than using that knowledge to foster empathy or provide support, they used it against me.

I was forced to relive my pain repeatedly. The aggression was constant, and it planted a persistent fear: that each payday might be my last, that I’d be left without a job, without healthcare, without income or social protections.

This prolonged, intentional uncertainty in the middle of a profound grief was a form of psychological torture.

To make matters worse, while these individuals plotted against me during work hours, I had to stay up until 4 a.m. preparing legal documents to defend myself—then get up on just a few hours’ sleep to print and deliver them personally to the Internal Control Office of the Social Welfare Secretariat (in a different location than my workplace). It destroyed what little strength I had left.

And after all that, I was fired without severance—while the people responsible will now enjoy their compensation packages as CONEVAL is dismantled, as if they had done no wrong.

 
🙏 What I’m asking for
- A serious, independent, and non-simulated investigation into the violence and institutional complicity I faced.
- A full review of the actions (and inactions) of the Legal, Administrative, and Executive departments.
- Real guarantees that this will not happen to anyone else.
- An end to institutional impunity in cases of gender-based and workplace violence.
 
⚠️ Why it’s urgent
With CONEVAL set to be shut down, many of those involved in this situation may soon be appointed to other public agencies or prestigious universities—public or private.
If their actions go unpunished, their toxic practices will be carried into new environments, harming even more people.

 
I am not seeking revenge. I am seeking justice, truth, and dignity.
Because grief should never be weaponized.
Because no one should be punished for speaking out.
Because we all deserve a workplace that is safe, fair, and free from violence.

Please sign and share this petition.
Your voice can help bring the truth to light.

Verónica Villar
Former public servant | Mother | Author and creative entrepreneur

 

15,476

La causa

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✨ Exijo justicia: fui víctima de acoso laboral y sexual, y enfrenté represalias institucionales tras la muerte de mi hijo


Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México
Raquel Buenrostro Sánchez
Titular de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría Anticorrupción

Mi nombre es Verónica Villar. Durante siete años trabajé en la Coordinación General de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Hoy alzo la voz para exigir justicia tras haber sido víctima de acoso sexual, acoso laboral y represalias institucionales, justo en el momento más vulnerable de mi vida: después de la muerte de mi hijo.

En 2018, sufrí acoso sexual en dos ocasiones por parte de un director del CONEVAL. No denuncié en ese momento por temor a represalias, ya que el agresor contaba con la protección de su superior jerárquico inmediato.

En 2022, iniciaron episodios de acoso laboral esporádico, con burlas hacia mi pérdida auditiva progresiva y mi maternidad —yo era la única madre en mi equipo. Sin embargo, tras el fallecimiento de mi hijo, el 31 de mayo de 2024, el hostigamiento escaló gravemente. Mi vulnerabilidad fue utilizada en mi contra, y mi decisión de finalmente denunciar fue respondida con violencia institucional.

Intenté abordar la situación de manera pacífica, buscando únicamente que cesaran las agresiones. Pero en lugar de apoyo, enfrenté una campaña sistemática para desacreditarme y aislarme profesionalmente.

Además, se intentó criminalizarme por un error administrativo menor que yo misma reporté. La acusación desproporcionada no fue un acto aislado, sino parte de un entorno laboral hostil sostenido por la complicidad de las áreas de Administración y Jurídico, que permitieron y encubrieron las acciones de quienes ejercían violencia.

Solicité apoyo institucional. Pedí, de manera respetuosa y general, durante una reunión, que no se permitieran vendetas personales. Después, solicité una audiencia formal con el actual Secretario Ejecutivo (y último en ese cargo), quien nunca me recibió.

El Órgano Interno de Control “investigó” superficialmente los hechos que denuncié. Solicité que se indagara a fondo sobre posibles fabricaciones de pruebas, entre otros hechos graves. Sin embargo, concluyeron que “no había elementos suficientes” y decidieron archivar el caso. También solicité protección porque cada vez iban escalando más las represalias, protección que nunca me proporcionaron. Este patrón de simulación y desprotección deja a las víctimas completamente expuestas.

 
⚠️ Lo que hace este caso aún más grave
Mientras públicamente el Secretario Ejecutivo decía estar preocupado por el personal del CONEVAL, al interior permitía y omitía lo que me estaba ocurriendo.

Si alguna institución conocía bien el impacto que tiene el acceso al trabajo formal sobre los derechos sociales, era precisamente el CONEVAL. Esa era su especialidad: evaluar las condiciones de acceso a salud, seguridad social, vivienda, educación y bienestar. También sabía, por su experiencia institucional, el daño que el desempleo, la hostilidad y la violencia laboral provocan en la salud mental y el proyecto de vida de una persona.

Pero en lugar de protegerme, usaron esa información contra mí.

Distintas personas me forzaron a revivir una y otra vez mi dolor, mi duelo, mi pérdida. Me presionaron, me aislaron, y me hicieron sentir, quincena tras quincena, que tal vez ese sería mi último ingreso, que me quedaría sin empleo, sin seguridad social, sin acceso a salud, sin prestaciones.

Esa incertidumbre sistemática, intencional, sabiendo que estaba en duelo, con una salud mental quebrada y sin red de apoyo, fue una forma de tortura psicológica.

Además, mientras estas personas planeaban acciones en mi contra en horario laboral, yo tenía que desvelarme hasta las 4 de la mañana preparando escritos de defensa, para luego levantarme tras solo unas horas e ir a entregarlos personalmente al Órgano Interno de Control, en una ubicación distinta a mi lugar de trabajo.

Esto agravó aún más mi salud física y mental. Y como si eso no fuera suficiente, me despidieron sin liquidación, aun cuando ante el inminente cierre del CONEVAL muchas personas recibirán ese derecho, incluso quienes permitieron y participaron en mi hostigamiento.

 
🙏 ¿Qué solicito?
- Una investigación seria, independiente y sin simulación sobre los hechos de violencia institucional, acoso y omisión.
- La revisión del actuar de las áreas involucradas: Administración, Jurídico y Secretaría Ejecutiva.
- Garantías de no repetición para otras personas servidoras públicas.
- Un alto a la impunidad institucional en casos de violencia laboral y de género.
 
⚠️ ¿Por qué es urgente?
Ante el posible cierre del CONEVAL, muchas de las personas funcionarias públicas involucradas en estas prácticas podrían ser reubicadas en otras instituciones gubernamentales o en universidades de prestigio, públicas y privadas.
Si no se investigan ni sancionan estas conductas, existe el riesgo de que se repliquen en otros espacios, perpetuando dinámicas de acoso, complicidad y violencia.

 
No busco venganza. Busco justicia, verdad y dignidad.
Porque el dolor no debe ser instrumento de castigo.
Porque ninguna persona debería ser violentada por atreverse a denunciar.
Porque todas merecemos un entorno de trabajo digno, justo y libre de violencia.

Te invito a firmar y compartir esta petición.
Tu apoyo es fundamental para que la verdad salga a la luz.

Verónica Villar
Exservidora pública | Madre | Autora y emprendedora mexicana

 

I demand justice: I was a victim of workplace harassment and sexual harassment, with institutional retaliation after the death of my son

Dr. Claudia Sheinbaum Pardo
President of Mexico
Raquel Buenrostro Sánchez
Secretary of the Civil Service and the Anti-Corruption Office

My name is Verónica Villar, and for seven years, I worked at the General Evaluation Coordination within the National Council for the Evaluation of Social Development Policy (CONEVAL). Today, I raise my voice to demand justice after enduring sexual harassment, workplace harassment, and institutional retaliation, all during the most vulnerable moment of my life: after the death of my son.

In 2018, I was sexually harassed on two occasions by a director at CONEVAL. I did not report it at the time out of fear, as the perpetrator was protected by senior leadership.

In 2022, sporadic workplace harassment began—mocking my progressive hearing loss and my motherhood (I was the only mother in my team). After my son passed away, the hostility escalated. My vulnerability was weaponized against me, and when I finally chose to report, the response was institutional violence.

I tried to address the situation peacefully, only hoping the aggression would stop. Instead, I was systematically isolated and discredited.

They even attempted to criminalize me for a minor administrative mistake I reported myself. This disproportionate accusation was not an isolated incident but part of a broader hostile environment, protected by the Legal and Administrative departments, which enabled and covered for those acting violently.

I sought help within the institution. I respectfully requested, during a general meeting, that personal vendettas not be allowed. I also formally requested a meeting with the then Executive Secretary, who never received me.

The Internal Control Office conducted only a superficial “investigation” of my complaints. I asked that they investigate possible evidence fabrication and other serious violations. Nevertheless, they concluded there was "insufficient evidence" and closed the case. This pattern of simulated procedures and lack of protection leaves victims entirely defenseless.

 
⚠️ Why this case is even more serious
While the Executive Secretary publicly expressed concern for CONEVAL's staff, internally, this violence was being tolerated—and I was enduring it alone.

If any institution understands how formal employment affects access to social rights, it is CONEVAL. That was its job: evaluating health, education, social security, and well-being policies. It also had clear awareness of the toll that unemployment, hostility, and workplace violence take on mental health—both in general and in my case specifically.

But rather than using that knowledge to foster empathy or provide support, they used it against me.

I was forced to relive my pain repeatedly. The aggression was constant, and it planted a persistent fear: that each payday might be my last, that I’d be left without a job, without healthcare, without income or social protections.

This prolonged, intentional uncertainty in the middle of a profound grief was a form of psychological torture.

To make matters worse, while these individuals plotted against me during work hours, I had to stay up until 4 a.m. preparing legal documents to defend myself—then get up on just a few hours’ sleep to print and deliver them personally to the Internal Control Office of the Social Welfare Secretariat (in a different location than my workplace). It destroyed what little strength I had left.

And after all that, I was fired without severance—while the people responsible will now enjoy their compensation packages as CONEVAL is dismantled, as if they had done no wrong.

 
🙏 What I’m asking for
- A serious, independent, and non-simulated investigation into the violence and institutional complicity I faced.
- A full review of the actions (and inactions) of the Legal, Administrative, and Executive departments.
- Real guarantees that this will not happen to anyone else.
- An end to institutional impunity in cases of gender-based and workplace violence.
 
⚠️ Why it’s urgent
With CONEVAL set to be shut down, many of those involved in this situation may soon be appointed to other public agencies or prestigious universities—public or private.
If their actions go unpunished, their toxic practices will be carried into new environments, harming even more people.

 
I am not seeking revenge. I am seeking justice, truth, and dignity.
Because grief should never be weaponized.
Because no one should be punished for speaking out.
Because we all deserve a workplace that is safe, fair, and free from violence.

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Verónica Villar
Former public servant | Mother | Author and creative entrepreneur

 

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