En nombre de la Constitución, exigimos a nuestros políticos que garanticen la coexistencia del mercado inmobiliario especulativo y un MERCADO INMOBILIARIO SOCIAL.

Es urgente que se tomen medidas para separar ambos mercados que pueden perfectamente coexistir sin ningún perjuicio para ambos. 

Proponemos una ley que obligue a todos los municipios de más de 100.000 habitantes a construir vivienda protegida, asegurando que al menos el 20% de su parque residencial se mantenga bajo este régimen. Estas viviendas NUNCA podrán entrar en el mercado especulativo, siendo directamente responsable de esta condición la administración designada para ello, que deberá supervisar que su precio de compra/venta para garantizar su accesibilidad. 
De esta manera existirá un mercado inmobiliario dedicado a la inversión y especulación, completamente al margen del mercado inmobiliario dirigido a garantizar el acceso a la vivienda y el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.

Esta LEY de GARANTÍA de ACCESO a la VIVIENDA no deberá estar expuesta a los partidos políticos y sus intereses particulares. Tendrá vocación de permanencia infinita en el tiempo.
Firma para terminar de una vez por todas con el ataque a la Constitución que venimos sufriendo los ciudadanos hace ya demasiado tiempo.