Esta petición surge de una inquietud personal y profunda. Como ciudadanos, vemos con preocupación cómo la democracia y la separación de poderes se desvanecen poco a poco. Creemos firmemente que necesitamos iniciar reformas garantes y para ello debemos comenzar por una ley de transparencia real que atienda a los intereses de los ciudadanos y los medios de comunicación sin excepción. Por ello, instamos a que los políticos estén obligados por ley a responder a las preguntas pertinentes sobre un caso de corrupción o mala praxis. Según Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 33 en el índice de percepción de corrupción desde 2020. Esto evidencia una creciente necesidad de que los funcionarios públicos rindan cuentas. Esta iniciativa busca asegurar respuestas claras, concisas e inmediatas a las preguntas pertinentes que la prensa independiente o la sociedad civil pueda formular y garantizar justicia efectiva en asuntos que requieran una explicación más allá de las generalidades. Ahora es el momento de que exijamos responsabilidad y transparencia en nuestra política. ¡Firma esta petición para que nuestros políticos estén obligados a responder!