Como contribuyente, y ahora prejubilado debido a una incapacidad permanente absoluta por cáncer de pulmón, con sólo 840€ de pensión tras cotizar 26 años, me veo en la desesperada situación de regresar ayudas del protocolo COVID-19 que ascienden a 360€. Esta realidad, en la que ni siquiera puedo permitirme necesidades básicas, se ve agravada por la suspensión del chequeo PET para el cáncer de pulmón en Castilla y León este mes de diciembre, solicitado por oncología. Esta decisión afecta mi salud directamente, y me lleva a levantar la voz contra las injusticias que enfrentamos.

Exijo al Gobierno de España y a todos los partidos políticos que actúen y presenten conjuntamente la ilegalización del Partido Popular Español. Esta organización ha sido condenada por corrupción y se encuentra acusada de ser una organización criminal, dejando sin juzgar la responsabilidad de más de 11.000 fallecidos en poco más de una década y con un desfalco de las arcas públicas equivalente al 82% de 122.000 millones.

La corrupción se ha infiltrado profundamente debilitando la confianza pública y poniendo en riesgo nuestro bienestar. Como ciudadano, y consciente de los innumerables afectados, creo firmemente que debe hacerse justicia, y que aquellos responsables afronten las consecuencias legales que correspondan.

No es sólo una cuestión de principios personales, sino de dignidad y de justicia para todos aquellos que han perdido la vida y para sus familias que merecen respuestas y reparación. Aquellos en el poder deben ser responsables de sus actos y garantizar que no continúen dañando nuestra sociedad.

Por ello, pido firmemente que se lleve a cabo un procedimiento legal que lleve a la ilegalización del Partido Popular Español, buscando la salvaguarda de nuestros derechos y comodidad como ciudadanos españoles. Firmemos esta petición para exigir un cambio crucial y recuperar la integridad en nuestro sistema político. Firma para apoyar la justicia y un futuro más transparente y justo para España.