Somos un grupo muy grande de familias que sufrimos en vida por tener un familiar privado de libertad, sin comunicación con ellos, pensando que es la última vez que los vemos en cada visita. Por cada privado de libertad hay una familia atrás que se enferma mentalmente por la incertidumbre y falta de información.

La Ley 14470 de Uruguay y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por nuestro país, establecen principios claros sobre el trato justo y humano que deben recibir todas las personas, incluidas aquellas privadas de libertad. Sin embargo, estamos siendo testigos de cómo estos principios no se respetan ni se cumplen, dejando a miles de internos en condiciones inhumanas, y a sus familias, como las nuestras, en una constante angustia y desesperación. La falta de comunicación y el incumplimiento de los derechos básicos nos deja sin respuestas, generando un impacto psicológico devastador.

Exigimos al gobierno uruguayo, y a todos los involucrados en el sistema penitenciario, que tomen medidas urgentes para garantizar que los derechos de los presos sean respetados. Esto incluye asegurar condiciones dignas de reclusión, facilitar la comunicación regular con sus familias y cumplir con todas las normativas en materia de derechos humanos.

Es crucial que las autoridades asuman la responsabilidad de fiscalizar y mejorar las condiciones actuales en las cárceles de Uruguay, brindando un trato humano y respetando la dignidad de todas las personas, sin importar su situación legal. No podemos ignorar las directrices internacionales y las leyes que como país hemos decidido adoptar. Les pedimos que nos apoyen firmando esta petición para marcar la diferencia en la vida de miles de uruguayos, sus familias y principalmente los hijos de esos presos, que son el futuro de nuestro país. Está en nosotros empezar a hacer el cambio.