El agua es un derecho humano fundamental que todos debemos proteger. En este contexto, nos preocupa profundamente el plan del gobierno de Javier Milei de privatizar Aysa, la empresa de agua y saneamiento que provee servicios a las áreas de CABA y AMBA. La privatización de un recurso tan vital no solo amenaza con poner el acceso al agua en manos de privados, sino que además, esta maniobra se basa en una licitación que no fue desarrollada en colaboración con las asociaciones de la sociedad civil, quienes podemos aportar ideas claves para la correcta prestación del servicio. Además la empresa estatal israelí, que se maneja  claramente desde la lógica sionista y genocida, está asesorando a los oferentes que participan en la licitación lanzada desde el Ministerio de Economía de la Nación. No debemos aceptarlo!

El acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para una vida digna. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 30% de la población mundial aún carece de agua potable gestionada de manera segura. En Argentina, la empresa Aysa ha garantizado una red de distribución que, aunque mejorable, ha sido mantenida con la perspectiva de la sociedad en mente. Privatizar este recurso podría inflar los precios y hacer que muchas familias, sobre todo las más vulnerables, pierdan el acceso adecuado a este bien tan esencial.

Además, la privatización desmedida en otros países ha demostrado ser perjudicial en muchas ocasiones. Según estudios de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, la privatización del agua ha generado serios problemas de acceso y asequibilidad en lugares donde el control fue transferido completamente al sector privado. El agua no puede ser tratada únicamente como una mercancía, ya que su acceso es crucial para la salud pública y para el bienestar de nuestras comunidades.

La falta de participación de las asociaciones civiles en el diseño de la licitación despierta serias preocupaciones. Estos organismos han trabajado durante años para mejorar el servicio y garantizar que llegue a todos los sectores de la población. Sin su implicación, corremos el riesgo de que las políticas implementadas no reflejen las necesidades reales de la población, conduciendo a una gestión deficiente y excluyente.

Por todo esto, exigimos al gobierno de Javier Milei que detenga su plan de privatización de Aysa y considere verdaderamente las necesidades del pueblo argentino. Invitamos a todos a firmar esta petición para proteger nuestro derecho al agua y asegurar que las decisiones sobre su gestión sean tomadas de manera transparente y participativa, en beneficio de toda la sociedad.