Como colectivo feminista, hemos llorado ya demasiados feminicidios este año. No podemos permanecer calladas viendo cómo nuestro presidente andaluz entrega el control de un servicio crítico para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista a quienes han negado durante años que tal violencia exista. La decisión de la Junta de Andalucía de entregar a Vox la gestión de las unidades que informan a los jueces amenaza con poner en peligro la efectividad y la independencia de este servicio vital.

La ley estatal que protege a las víctimas de violencia machista no ha cambiado; sin embargo, la gestión diaria de estos servicios - que incluye aspectos tan cruciales como las plazas disponibles, el presupuesto y la cobertura - podría verse debilitada significativamente con esta delegación. Y en casos de violencia de género, cualquier debilitamiento de la protección y el apoyo disponibles puede costar vidas.

Según datos del Instituto Andaluz de la Mujer, Andalucía ha sido una de las comunidades con mayor número de denuncias de violencia machista, lo que resalta la importancia de contar con servicios imparciales, bien dotados y eficientes para atender a las víctimas y garantizar su seguridad. No podemos permitir que intereses políticos comprometan el bienestar y la seguridad de miles de mujeres.

Proponemos que se mantenga la gestión de estas unidades bajo criterios exclusivamente técnicos e independientes, asegurando que los recursos necesarios estén garantizados para su correcto funcionamiento. Solicitamos al PP andaluz que recapacite sobre esta decisión y priorice la protección de las mujeres víctimas de violencia por encima de cualquier acuerdo político.

Firma esta petición para exigir al PP andaluz que no delegue en Vox esta competencia y que garantice los recursos y la independencia técnica que nuestras unidades de protección necesitan para seguir salvando vidas.