La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) ha aprobado una prórroga ilegal e ilegítima para que el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez permanezca en el cargo hasta 2029, a pesar de que ya ha superado la edad límite establecida y sin respetar el procedimiento ordinario de renovación rectoral que debe incluir convocatoria abierta y participación plural.

Esta decisión se tomó en medio de opacidad, falta de transparencia y sin la consulta real y democrática de la comunidad universitaria, generando un clima de desconfianza, división y crisis institucional. Además, existen denuncias sobre el manejo opaco de recursos y la percepción de que el rector busca únicamente jubilarse con el salario de rector, sin un verdadero compromiso con la universidad.

La prórroga viola los principios básicos de autonomía universitaria porque limita la pluralidad, la rendición de cuentas y la participación democrática, poniendo en riesgo la estabilidad y el prestigio de nuestra máxima casa de estudios.

Fundamentos legales que respaldan nuestra exigencia:

• El artículo 3° constitucional, fracción VII, reconoce la autonomía de las universidades públicas para gobernarse a sí mismas, pero esta autonomía debe ejercerse conforme a la ley, con respeto a principios democráticos, transparencia y legalidad.
• La Ley General de Educación Superior establece que las universidades autónomas deben respetar sus leyes orgánicas y normatividad interna, y que los procesos legislativos relacionados deben respetar irrestrictamente su facultad de autogobierno.
• La Junta de Gobierno es un órgano interno de autogobierno responsable de nombrar y remover al rector, pero debe hacerlo mediante procesos incluyentes, participativos y transparentes; cuando falla en estas funciones, pone en riesgo la autonomía y la estabilidad institucional
• La autonomía universitaria no ampara actos arbitrarios ni ilegales. En casos de violaciones graves a la ley o a la autonomía, el Congreso del Estado tiene facultades para legislar y supervisar la organización universitaria, incluyendo la posibilidad de modificar o disolver órganos que vulneren la normatividad y el interés público universitario.

Por todo lo anterior, exigimos a la Cámara del Congreso del Estado de Veracruz que tome constancia de esta grave situación y proceda a disolver la actual Junta de Gobierno, órgano que ha perdido legitimidad y que ha actuado en contra de los intereses de la comunidad universitaria y del bienestar de la UV.

¡Firma para defender la autonomía, la transparencia y la democracia en la Universidad Veracruzana!