EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA PLENA DE ANDALUCÍA

La propuesta de reordenación territorial de España que acaba de lanzar el Lehendakari Urkullu exige una respuesta urgente desde Andalucía.

La iniciativa de Urkullu es oportuna, por las actuales circunstancias políticas del Estado español, y legítima, por la autoridad del máximo representante del pueblo vasco.

Es evidente, que el modelo territorial que diseñó el constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando señales de agotamiento, como es normal en el transcurso del tiempo, y es hora de explorar nuevos caminos, con clarividencia y sin dramatismos.

Desde Andalucía, que es nuestra prioridad, su iniciativa no debe ser demonizada porque eso sólo nos conduciría a la parálisis y al enfrentamiento. Y, lo que es peor, a que el centralismo siga beneficiándose de ello.

Los andaluces tenemos mucho que decir, porque el estatus jurídico-constitucional de esta nacionalidad histórica es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia, a las que se dirige, exclusivamente, la propuesta de Urkullu, con interesado y expreso olvido de Andalucía.

Estamos convencidos de que una inmensa mayoría de la sociedad andaluza, así como la práctica totalidad de sus fuerzas políticas, coinciden en que Andalucía conquistó la igualdad con las llamadas nacionalidades históricas el 4 de diciembre de 1977, en las calles, el 28 de febrero de 1980, en las urnas, y el 21 de octubre siguiente, al acordarse, por unanimidad el desbloqueo de la autonomía en el Congreso.

No olvidemos que las Cortes de 1978 diseñaron una Constitución profundamente discriminatoria, en favor de esas nacionalidades, que sólo el empeño del pueblo andaluz y su vanguardia andalucista pudieron quebrar, a duras penas, al tiempo que escribían una de las más vibrantes páginas de su historia.

Las actas del Congreso de los Diputados dan fe, reiteradas veces y con   crudeza, de la intención esencialmente discriminatoria del pacto constitucional en relación con la organización territorial del Estado, mantenida en el tiempo y expresiva del pacto que derecha e izquierda españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vascos y catalán, también responsables interesados de tal discriminación.

Un pacto que, en un momento inicial, los andaluces hicimos saltar por los aires, aunque con el paso de los años los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo, atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas, que, a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y económicos.

El Lehendakari Urkullu traza la línea roja de la desigualdad en las comunidades que tuvieron “autogobierno previo a la Constitución de 1978”. Es cierto que las tres nacionalidades citadas lo consiguieron durante la República, pero no es menos cierto que Andalucía lo tenía previsto para septiembre de 1936. ¿No es el colmo que la línea roja del señor Urkullu, como en su día de los constituyentes, venga marcada por el golpe de estado del General Franco?

No debemos sorprendernos si, en el proceso de revisión de la estructura territorial al que convoca Urkullu, la derecha y la izquierda estatales estén dispuestas a volver a pactar una nueva discriminación para volver a satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán, siempre que ello les ayude a conquistar el Gobierno de España.

Si leemos con detenimiento y sin prejuicios el “Plan Urkullu”, de enorme potencia en el fondo y de extrema suavidad en la forma, veremos que parece dirigirse tanto al PP como al PSOE, y si nos apuran al Tribunal Supremo, al Constitucional y a la Corona, con un elemento nuevo: la fuerza de estos nacionalismos en 2023 es infinitamente superior a la que gozaban en 1977, por lo que es razonable pensar que sus posibilidades de éxito son aún mayores.

Por todo ello, pedimos a la ciudadanía, a nuestras instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento de Andalucía, Gobierno andaluz) y a los partidos políticos que las conforman, que como en el histórico 4 de diciembre, proclamaemos, unidos todos desde el primer momento, que Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución.

Andalucía, 1 de septiembre de 2023