En primer lugar porque la suspensión de ley arrojará a cientos de entidades y miles de consumidores a los brazos del mercado negro y la inseguridad jurídica. Esta ley obedece al mandato de tutela de los derechos civiles y protección de la salud pública que Constitución y Estatut imponen a los poderes públicos 

Nos permitimos apuntar que la legalización del cannabis es un proceso que incide en muchos derechos y normas a veces confrontadas, ningún otro gobierno del mundo ha optado por la suspensión de las normas de sus estados o comunidades