La cuarentena por el COVID-19 provocó el cierre de las escuelas de Puerto Rico desde el 16 de marzo de 2020. El Departamento de Educación recibió una asignación multimillonaria para atender las necesidades de sus estudiantes durante la emergencia por el Coronavirus. Sin enmbargo, se ha negado a abrir los comedores escolares para brindar alimento a los casi 300 mil estudiantes del sistema de educación pública. En su lugar, ha optado por donar miles de libras de alimentos a organizaciones que han tenido que asumir una responsabilidad que no les corresponde.

Hoy, miles de niñas, niños, y jóvenes pasan la cuarentena con hambre. Las organizaciones no dan abasto. No existe un sistema de distribución de alimentos coordinado y tampoco un registro que garantice que los productos lleguen a TODAS las comunidades y a todas las casas con menores.

El dinero para atender esta crisis alimenticia está. El programa federal conocido como CARES Act (Coronavirus Aid Relief and Economic Security) otorgó 400 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico en tres partidas: 349 millones de dólares para escuelas elementales y secundarias; 3.3 millones de dólares para instituciones postsecundarias; y $47.8 millones para uso del gobierno. 

Los comedores escolares tienen que abrir. Se necesita crear un sistema sencillo de recogido de alimentos para los estudiantes. Las escuelas en Puerto Rico siempre han sido el centro de las comunidades. Pilar y refugio ante las emergencias. Ante este nuevo reto debemos garantizar el derecho a la alimentación de nuestra juventud.