Quiero compartir mi experiencia personal, la cual me ha llevado a crear esta petición.

Hace tres meses, recibí una llamada por parte de una funcionaria del Servicio de Protección del Menor de Coruña, acusándome indirectamente de un supuesto delito de desprotección hacia mi hija pequeña.

Esta llamada fue el inicio de una serie de acciones que no solo pusieron en tela de juicio mi capacidad como madre, sino que también desataron una oleada de miedo, pánico y una sensación de desamparo institucional.

Desde entonces y a pesar de haber puesto quejas, reclamaciones, denuncias, de tener abierta una instrucción la funcionaria que me intimidó, amenazó con informar a la policía local de Ferrol, que me coaccionó, de tener una investigación abierta por parte de la valedora do pobo de Galicia, a pesar de todo esto el Servicio de Protección del Menor no ha parado de insistir en citarme mensualmente aumentando a peor mi situación de salud física y psicológica. 

Llevo recibiendo tanto por mail como por carta citaciones constantes que a mí me supone un acoso institucional horrible 

Llevo sufriendo desde entonces un cansancio extremo y posible fatiga crónica que tengo que sobrellevar como puedo. 

El gaslighting institucional junto con el machismo administrativo, la violencia administrativa que muchas administraciones ejercen contra las madres del cabeza de familia monoparental tendría que ser un delito y sin embargo este tipo de violencia administrativa, machismo, gaslighting institucional no está tipificado como delito porque ni jueces ni juezas ni las leyes están actualizadas adecuadamente a las situaciones que como esta tenemos que sufrir muchas madres en mi situación. 

No puede ser de ninguna de las maneras que en el año 2025 haya administraciones públicas que actúen con tantísima impunidad y que organismos como la policía local de Ferrol y la Justicia Española se lo consientan. 

Y lejos de ser un caso aislado, mi experiencia refleja una práctica extendida entre las administraciones como la Consellería de Política Social de Galicia, la Consellería de Educación e Inspección Educativa, donde los derechos de madres, padres e hijos son pisoteados bajo un manto de impunidad.

Estos organismos, que deberían velar por el bienestar de nuestras familias, también actúan en muchas ocasiones con abuso de poder, machismo administrativo y gaslighting institucional, anulando nuestros derechos y utilizando tácticas de miedo.

Nos encontramos ante una situación crítica donde ninguna administración debería estar por encima de la ley ni de los derechos fundamentales de padres e hijos.

Es imperativo que se establezcan protocolos claros y transparentes que regulen la actuación de estas entidades y eliminen cualquier forma de abuso o poder injustificado.

Y también es imperativo que ni colegios ni institutos, que ningún informe emitido por servicios como la UACO, o Inspección Educativa o médicos etc se puedan usar para actuar contra nosotros y nosotras. 

Propongo que se aumente la supervisión y se implementen auditorías independientes a los procedimientos llevados a cabo por el Servicio de Protección del Menor y demás entes responsables. Asimismo, urge revisar y actualizar las normativas actuales para que contemplen sanciones claras en caso de abuso de autoridad.

Necesitamos una Galicia donde madres, padres e hijos puedan vivir sin miedo a ser injustamente señalados o desamparados por el sistema. Que no puedan ser separados de sus padres y madres sin pruebas demostrables. 

Exijo que se respeten los derechos humanos básicos y que se priorice el bienestar de las familias antes que ninguna otra consideración burocrática.

¡Únete a mí en esta lucha! Firma esta petición para que juntos podamos detener la impunidad de las administraciones en Galicia, y garantizar un trato justo y humano para todas las familias.