El Departamento de Educación de Puerto Rico aprobó la Carta Circular 006-2025-2026, una medida que pretende dividir las terapias que necesitan los estudiantes de educación especial entre educativas y médicas, para ahorrar dinero.
Esto podría dejar a miles de niños y jóvenes con autismo y otras diversidades funcionales sin las terapias esenciales que necesitan para poder aprender, comunicarse y desarrollarse.

Las terapias del habla, ocupacional, física, sensorial, psicológica y de comportamiento, entre otras, no son tratamientos médicos: son parte del proceso educativo.
📚 Por ley, el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de proveerlas.
Si se transfieren al sistema de salud, los estudiantes perderán continuidad, servicios y derechos.

Esta política viola las leyes federales y estatales y decisiones del Tribunal Supremo que protegen a nuestros niños, como la IDEA, la Ley 51 y la Ley 163-2024, y los casos Tato y Garret, que reafirman que el derecho a una educación inclusiva y de calidad recae sobre el Departamento de Educación y que sólo un tratamiento hecho por un médico se cataloga como servicio o terapia médica.
👉 No se trata de quién paga la factura, sino de quién garantiza el derecho.

Por eso, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, junto a familias, educadores y profesionales, exigimos la derogación inmediata de la Carta Circular 006-2025-2026.

Nuestros niños no tienen tiempo que perder.
Puerto Rico no puede retroceder en inclusión ni en derechos.
💙 Firma esta petición y únete a la voz que defiende la educación como un derecho, no un privilegio.

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