Las personas mayores y con discapacidad que tenemos reconocido un alto grado de Dependencia por padecer alguna limitación y necesitamos un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), o Asistencia Personal (AP) para ayudarnos a realizar las actividades cotidianas de la vida diaria, recibimos en muchos casos una prestación económica o Chequeservicio para pagar esos servicios de ayuda que necesitamos.

En la actualidad no se nos permite contratar directamente mediante un contrato laboral, al profesional sociosanitario de ayuda a domicilio o asistente personal que elijamos para prestarnos esa ayuda, pues por el contrario; "se nos obliga a contratar esos servicios únicamente con alguna de las empresas sociosanitarias autorizadas que cada Comunidad Autónoma determina". Siendo la empresa en cada caso la que selecciona y nos impone al profesional que ha de prestarnos ayuda, sin tener en cuenta nuestra opinión en muchos casos.

Por otro lado, la prestación económica que recibimos de Dependencia para costear estos servicios suele ser bastante insuficiente, mientras que la mayoría de empresas sociosanitarias, nos cobran unas tarifas  superiores al coste que nos supondría a nosotros contratar directamente mediante un contrato laboral al profesional sociosanitario de ayuda a domicilio o asistente personal que elijamos.  Sin embargo Dependencia no nos permite esa opción.

Además de todo ello, resulta que desde el inicio de la pandemia (2020) la mayoría de esas empresas suben cada año sus tarifas exageradamente argumentando como excusa; el incremento del IPC y el aumento del salario mínimo interprofesional SMI.., a pesar de que las auxiliares que trabajan en esas empresas y nos prestan la ayuda; se quejan de que no les han subido ni un céntimo lo que les pagan por hora, ni les han mejorado los muy precarios contratos que les hacen para estos servicios... 

Ante este lamentable panorama, resulta que la pequeña prestación que recibimos de Dependencia (que NO ha sido aumentada por las CCAA en la misma proporción), desde 2020 cada vez nos alcanza para pagar menos horas de servicios a esas empresas. 

Dichas empresas nos vienen cobrando la hora del servicio de ayuda a domicilio entre 18 y 20 Euros de media, mientras que las auxiliares que prestan estos servicios se quejan de que lo que les pagan por hora oscila entre los 6 y 7 Euros/hora en la mayoría de casos. 

Esto significa que en torno a un 30% de la reducida prestación que recibimos de Dependencia para poder pagar los servicios de Ayuda a Domicilio que por nuestro Grado de Dependencia necesitamos, no se esta dedicando a su verdadera finalidad (costear la ayuda que necesitamos y dar empleo a profesionales que nos presten la ayuda), sino que se esta destinando a beneficios de esas empresas, las cuales nos imponen a menudo al personal que ha de prestarnos la ayuda sin pedirnos ninguna opinión ni dejarnos elegir. 

Por si todo lo anterior fuera poco, algunas de esas empresas han adoptado la mala costumbre de cobrar al usuario a final de mes las horas de servicio que no han prestado los días laborables (entre lunes y viernes) cuando coinciden en festivo. Por ejemplo; Jueves y Viernes Santo (esos días cobran al usuario las horas de servicio que no le prestan), a pesar de que los Dependientes no somos los empleadores de los trabajadores de esas empresas.  

Todo esto es algo inaudito e incomprensible que perjudica seriamente la calidad de los servicios que las personas Dependientes necesitamos, y vulnera nuestro derecho incluso a poder elegir al profesional que ha de prestarnos la ayuda que necesitamos en nuestro propio domicilio. 

Por todo ello: 

SOLICITO al Congreso de los Diputados y a las Asambleas de todas las Comunidades Autónomas; que se pongan de acuerdo para PERMITIR A LAS PERSONAS DEPENDIENTES que recibimos las prestaciones de Dependencia para la contratación de los servicios de Ayuda a Domicilio SAD y Asistencia Personal; LA OPCION DE PODER CONTRATAR DIRECTAMENTE si es deseo de la persona Dependiente y su familia; A UN/A PROFESIONAL AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO y/o ASISTENTE PERSONAL que cuente CON LA FORMACION SOCIOSANITARIA LEGALMENTE EXIGIDA, mediante la realización de un contrato laboral a dicho trabajador, o en la forma legalmente establecida si está dado de alta en el régimen de autónomos. 

De tal forma que no se nos obligue forzosamente a las personas Dependientes y a nuestras familias, a contratar los servicios de ayuda que necesitamos exclusivamente con empresas y organizaciones sociosanitarias si no es nuestro deseo. Y se nos ofrezcan alternativas de atención mas justas, a través de las cuales puedan surgir posteriormente cooperativas y bolsas de trabajadores de estos servicios, que se sientan mejor remunerados y dignificados, y ofrezcan directamente a las personas Dependientes sus servicios profesionales a unos precios razonables no abusivos.