Las y los ciudadanos de México exigimos al gobierno federal que informe, de manera inmediata, completa y pública, qué pretende acordar, revisar o comprometer en el marco del T-MEC. No aceptamos que una decisión de esta magnitud se tome en negociaciones cerradas, sin debate nacional y sin consulta al pueblo.

Lo que está en juego no es un trámite técnico ni un asunto reservado a funcionarios, despachos o grupos empresariales. Lo que se decida sobre el T-MEC puede afectar durante décadas el rumbo económico, productivo, alimentario, energético, tecnológico y jurídico de México. Puede comprometer el futuro del campo, de la industria nacional, del empleo, de las pequeñas y medianas empresas, de los pueblos originarios y de la
capacidad del Estado para conducir el desarrollo del país.

Por eso afirmamos con claridad: el gobierno de México tiene la obligación moral y constitucional de dar a conocer al pueblo cualquier acción, compromiso o documento que pretenda firmar en esta materia. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y los temas de trascendencia nacional deben ser conocidos, discutidos y sometidos a participación democrática, no manejados a espaldas de la
nación.

Ocultar información, negar deliberadamente el debate público o actuar contra los principios constitucionales en un asunto de esta trascendencia no solo sería una falta política gravísima: podría dar lugar a responsabilidades legales severas. En el ámbito penal federal, los delitos
contra la administración de justicia incluyen dictar a sabiendas resoluciones contrarias a la ley u omitir resoluciones lícitas dentro de los términos legales; por ello, una actuación deliberadamente contraria al
marco constitucional podría incluso ser señalada por diversos juristas como una forma de prevaricación o conducta equiparable.

Exigimos:

1. Que el gobierno publique íntegramente el contenido de la revisión, negociación o compromiso que pretenda asumir respecto del T-MEC.

2. Que el Congreso abra un proceso nacional de información, análisis y deliberación pública.

3. Que se convoque a una consulta nacional para que el pueblo decida, con conocimiento pleno, sobre cualquier continuidad, modificación o compromiso futuro relacionado con este tratado.

4. Que ninguna decisión definitiva se firme sin que antes la sociedad mexicana haya sido informada y escuchada.
México no puede permitir que decisiones que comprometen su futuro se tomen en silencio. La democracia no consiste sólo en votar cada cierto tiempo; también significa decidir sobre los asuntos que afectan la soberanía, el bienestar y el destino colectivo.

Firma y comparte esta petición.

• Porque México tiene derecho a saber.
• Porque el pueblo tiene derecho a decidir.
• Porque el futuro de la nación no debe negociarse en lo oscurito.