El pasado #8M fueron prohibidas en Madrid prácticamente la totalidad de las acciones y concentraciones comunicadas a Delegación del Gobierno por parte del movimiento feminista, incluida nuestra tercera convocatoria de #ApostasiaFeministaColectiva.

Pese a ello, algunas de nuestras compañeras decidieron entregar sus papeles ese mismo día a título individual y otras nos organizamos para presentarla este pasado lunes 22 de marzo, ya que, para la iglesia, alguna de la documentación necesaria para realizar este trámite, CADUCA. Hace tiempo que venimos denunciando este y otros hechos, ya que consideramos que pertenecer y permanecer o no en la iglesia, debería ser una decisión personal, no impuesta ni por esta institución, ni por terceros, ya sean o no familiares. Y por supuesto, en caso de decidir borrarnos, las administraciones deberían velar (ya que somos un Estado aconfesional y así lo recoge nuestra CE) para que éste fuese un trámite sencillo, fácil, rápido y con garantías.

Pues bien, tras realizar la consulta previa, decidimos no comunicar la convocatoria del día 22 nuevamente a Delegación del Gobierno, ya que, ni se iba a organizar protesta, ni se iban a desplegar pancartas, ni se iba a organizar un grupo mayor de 20 personas (que es el que indica la Ley para solicitar tales permisos), por tanto, avisamos como es costumbre por nuestras redes sociales y allá que fuimos, a realizar lo que consideramos un mero trámite administrativo.

Al llegar a Bailén, 8 (sede del arzobispado de Madrid), había esperándonos dos furgones de la policía nacional, los cuales, identificaron a prácticamente la totalidad de las compañeras (unas 10 ó 12) y multaron a 2 de nosotras, por ofrecer la mínima resistencia sobre la incautación de su DNI, al necesitarlo para el trámite que iban a realizar.

Es inadmisible que en un Estado de Derecho como el nuestro suceda algo así. Nos estaban esperando, incluso la policía aseguró en varias ocasiones que tenían órdenes expresas de Delegación del Gobierno para actuar… pero no podemos tolerar que se vulneren nuestros derechos ni libertades como mujeres, ateas y ciudadanas. Exigimos al Delegado del Gobierno, el señor D. José Manuel Franco Pardo que revise tal actuación, retire las faltas y/o denuncias iniciadas y proceda en consecuencia. Y solicitamos al Defensor del Pueblo, D. Francisco M. Fernández Marugán, que intervenga en el conflicto.

Adhiérete a nuestra causa y firma nuestra petición, hoy hemos sido nosotras, pero mañana nos puede suceder a cualquiera…

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