Presentamos un proyecto de ley para reglamentar las “desobligaciones” docentes, una práctica gremial que interrumpe las clases sin los efectos legales de una huelga formal. Esta modalidad, afecta gravemente la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.

La iniciativa no busca atacar el derecho a la protesta, sino equilibrarlo con otro derecho fundamental: el de aprender. Proponemos un marco legal claro para evitar que se sigan cancelando clases sin consecuencias, y que los chicos sigan siendo víctimas de un sistema que no les garantiza educación de calidad y en condiciones de equidad.

El Gobierno no ha resuelto este problema. Es hora de que la Legislatura actúe. Acompaña con tu firma este pedido: para que se trate y apruebe la ley para ponerle un freno a la pérdida de clases y garantizar una educación justa para todos.

 ¡La educación no puede esperar más!