Cuando un funcionario o inspector actúa con dolo, mala fe, abuso de poder o negligencia grave, el daño lo sufren personas reales: trabajadores, autónomos, empresarios… y hoy en día no existe ninguna consecuencia personal para quien lo provoca.

La Ley David Lafoz propone cambiar esto con medidas concretas:

1️⃣ Responsabilidad personal y solidaria

Que el funcionario o inspector que actúe de forma arbitraria responda con su propio patrimonio, junto con la administración.

2️⃣ Indemnización rápida a las víctimas

Que las personas perjudicadas cobren su indemnización en un plazo máximo de 6 meses desde la resolución firme.

3️⃣ Protección frente a medidas cautelares abusivas

Prohibir embargos y bloqueos preventivos desproporcionados antes de que haya una resolución firme, salvo riesgo cierto y probado de fraude.

4️⃣ Registro público de sanciones

Crear un registro accesible para que la ciudadanía sepa qué funcionarios han sido sancionados por abuso de poder o mala fe.

5️⃣ Sanciones reales

Inhabilitación de 5 a 15 años para quienes cometan abusos, además de las sanciones civiles y penales que correspondan.

⚠️ Esta es una iniciativa ciudadana independiente, nacida desde la buena fe y sin vínculos políticos. 

📢 Firma y comparte para que esta ley se debata en el Congreso y ningún abuso de poder quede impune.