Creemos que las promesas políticas están para ser cumplidas. Tras el cierre de la planta de componentes, que empleaba a más de 2000 personas fijas en una de las regiones más castigadas por la lacra del paro, Cádiz, los políticos de la Junta de Andalucía se comprometieron por escrito en desarrollar un protocolo de medidas que desembocarían en la recolocación de la totalidad de los afectados.

A día de hoy aún quedamos alrededor de 500 personas que la Junta ha dejado en la cuneta, al verse incapaz de cumplir su promesa. El riesgo de exclusión social está acechando al colectivo y muchos sobreviven gracias a la solidaridad del resto.

Necesitamos de vuestra colaboración para presionar a la Junta y que se siente a negociar una salida digna al conflicto que ellos mismos crearon. Llevamos más de seis años en una situación agónica, sin esperanza ni futuro.