La reforma al artículo 27 elimina la prohibición de celebrar contratos para explotación de hidrocarburos. Con esto, se propone que se comparta la renta petrolera de los mexicanos con empresas privadas extranjeras.
La reforma al artículo 28 constitucional quita el carácter estratégico a la explotación del petróleo y a la generación de la energía eléctrica.
Esto significa que el Estado pierde su exclusividad en estas actividades.
Ante los problemas de corrupción gubernamental y la debilidad de la autoridad para combatirlos, la apertura del sector energético se traducirá en más corrupción, pérdida de ingresos fiscales y mayor inequidad social.
LA REFORMA A LOS ART. 27 Y 28 ES CONTRARIA A LOS INTERESES DE LA NACIÓN