En Michoacán, como en la mayoría de los estados de México, el aborto voluntario sigue siendo penalizado mediante el artículo 145 del Código Penal. 

El que el Estado Mexicano, así como sus entidades federativas, no hayan aún despenalizado el aborto, atenta contra los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres contenidos en diversos instrumentos firmados y ratificados por el Estado Mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificada por México en 1981, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará), ratificada en 1998.

También implica un acto de inconstitucionalidad por parte del Estado de Michoacán, al violar el artículo 1º artículo 4º , que proclama la libertad reproductiva.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalan, en la recomendación 79 de 2016, lo siguiente: “Criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, y las expone a riesgos para su vida o su salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privarlas de autonomía en la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo”.

Por estas razones es que colectivas que integramos ILEMich presentamos una Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 142 y 145 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, relativos al aborto voluntario.

¡Porque la maternidad será deseada o no será!