La prisión permanente revisable ofrece, con todas las garantías legales previstas por nuestra Constitución y nuestro Código Penal, una pena agravada para aquellos delitos especialmente graves y/o que generen alarma social, y sean indicativos de la improbable reinserción y rehabilitación del condenado. 

Afinen su aplicación, limitenlo a casos concretos, como delitos de parricidio, terrorismo, en los que se ataquen a niños y los de violencia de género; pero NO eliminen ésta alternativa que puede marcar una diferencia para las víctimas y sus familias.