En España, a pesar de ser considerado como un país supuestamente "laico y aconfesional" a partir de lo estipulado en la Constitución española y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que debería velar por el cumplimiento de los derechos y libertades de toda víctima que y ha padecido abusos, violaciones y agresiones sexuales reiteradas durante las últimas décadas por parte de la Iglesia católica o cualquier otra comunidad educativo-religiosa, no se investigan todos los casos de pederastia como en nuestros países vecinos (Alemania y Francia) con una comisión independiente formada por las propias víctimas, expertos e investigadores en el tema, jueces, expertos en educación y psiquiatría, sociólogos, autoridades competentes en justicia y seguridad, canonistas y por supuesto, la propia Conferencia Episcopal Española, la cual debe informar a la "Santa Sede" del Vaticano sobre todos y cada uno de los casos de pederastia investigados, para que se tomen las medidas y actuaciones oportunas contra estos hechos realmente infernales y horrendos. Esta situación de encubrimiento o culpabilización a las víctimas, de defensa a la Iglesia y a sus "demonios-pederastas", de impasse e inacción socio-política, de silencio y normalización mediática DEBE CAMBIAR. Que se haga justicia de verdad y con proporcionalidad al delito (modificando y unificando delictiva y penalmente los conceptos de abuso sexual, agresión sexual y violación), resarciendo a las víctimas.