“No te preocupes, estoy bien. Pronto los veré de nuevo en casa”. Sin saberlo, esa ha sido la mentira más grande que he dicho”, recuerda Kevin que dijo a su madre cuando le llamó por teléfono para avisarle que las autoridades migratorias en México lo habían detenido. “Ingenuamente, pensé que si alguien me iba a agarrar en México, era mejor que fueran las autoridades y no criminales”. Esa misma noche, un incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde Kevin, de origen guatemalteco, estaba detenido. En total, en el lugar habían 67 hombres y 15 mujeres. 

Los guardias dejaron encerrados a los hombres. Dijeron que no encontraban la llave, les abandonaron a su suerte (a las mujeres sí lograron sacarlas). ¿El resultado? 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados, con secuelas que llevarán toda la vida. 

El máximo responsable, de acuerdo con la cadena de mando, es el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, junto con uno de sus directores generales (actualmente prófugo de la justicia) son los únicos de las 11 personas vinculadas a proceso que no han pisado la cárcel. Incluso, Garduño no fue separado de su cargo. 

Ahora, el comisionado busca —por segunda vez— una “solución alterna” con efectos absolutorios, ya no se le investigaría ni sancionaría de ninguna otra forma. La petición se hará en la audiencia del próximo 12 de agosto, como parte del proceso penal 237/2023 donde fue vinculado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.  

¿Puede un funcionario público relacionado con la muerte de 40 personas en situación de vulnerabilidad librarse de ser investigado y sancionado? Si el juez concede la “solución alterna”, sí. 

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos y acompañantes de víctimas del caso y de sus familias, pedimos que no se le conceda la “solución alterna” o ninguna otra medida hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) no termine de investigar el caso y se realice un juicio justo en condiciones de igualdad donde se respeten los derechos y dignidad de las víctimas. 

Durante la administración de este gobierno en el Instituto Nacional de Migración han ocurrido 14 incendios. El ocurrido el 27 de marzo no fue un accidente, sino la más grave tragedia humanitaria en una estancia migratoria, resultado de una cadena de omisiones y negligencias, que pudieron evitarse. 

Las víctimas y sus familias merecen una investigación imparcial y efectiva, orientada a la determinación de la verdad, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales.

¡La única solución es la JUSTICIA! 

Firma esta petición y apoya a las víctimas y a sus familias a lograrlo. Entregaremos copia de las firmas al juzgado que lleva el caso, durante la audiencia del 12 de agosto.