Se dirigió a S.M. El Rey de España como árbitro moderador del regular funcionamiento de las instituciones del Estado en el sentido de que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas en las D.P. 5555/2014 había incumplido el Tratado de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ya que le impidió en contra del artº 13 del citado Tratado ejercitar su defensa y la de su madre cuando estaba legalmente habilitado por el Ilustre Colegio de Abogados para tal fin. Por parte de la Casa Real se va a estudiar la forma de ayudarle y considera que en este caso los ciudadanos deberían sumarse a la actitud de S.M. El Rey en el sentido de que se cumpla un Tratado cuyo incumplimiento afecta a un compromiso internacional por parte del Estado español.