No al nombramiento de Sergio Urribarri como embajador de la Argentina en Israel
La causa
Recientemente, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, Felipe Carlos Solá, designó al frente de la Embajada de la República Argentina en Israel a Sergio Daniel Urribarri, quien fue gobernador de la Provincia de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y presidente de la Cámara de Diputados provincial entre 2015 y 2019.
La Ley de Servicio Exterior de la Nación, n.° 20957, prevé en su artículo 5 que las designaciones políticas de embajadores deben ser excepcionales y responder a las cualidades relevantes de los candidatos. El artículo 11 de la norma estipula que, para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación, es indispensable conducirse en forma honorable, pública y privadamente, mantener una conducta económica ordenada e inobjetable y poseer condiciones psicofísicas y de cultura social adecuadas. El ejercicio de la diplomacia requiere, por tanto, honorabilidad real y aparente, autocontrol, reserva y cultura, así como capacidad de diálogo y de negociación, dedicación, experiencia y vocación de servicio.
Sergio Urribarri se encuentra acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado, entre otros. En efecto, sobre un total de ocho investigaciones judiciales activas, el candidato deberá enfrentar en 2020 dos juicios resonantes.
El primero fue fijado para abril de 2020 por la «causa de la vaca». En esta se investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por $24 millones en beneficio de empresas de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y el supuesto pago de coimas por unos $12 millones. Para ambos, la Fiscalía pediría la pena de ocho años de prisión.
El segundo juicio, agendado para agosto y septiembre de 2020, se debe a «El sueño entrerriano», que agrupa tres causas por un total de casi $47 millones: uno por la instalación de un parador playero de $14,5 millones en Mar del Plata; otro por la contratación por $28 millones de la productora Nelly Entertainment S. A., del empresario Jorge «Corcho» Rodríguez, para la difusión de cuatro anuncios promocionales de la Cumbre de Presidentes del Mercosur (Paraná, 2014); y un tercero por la contratación por $4,3 millones de varios diarios nacionales para la publicación de una solicitada contra los fondos buitres. Se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, direccionamiento de publicidad oficial y peculado del exgobernador Urribarri, de su ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, de su ministro de Turismo, Hugo Marsó, y, entre otros, de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Según la Fiscalía, los fondos públicos afectados terminaron financiando la fallida campaña presidencial del exmandatario, para quien solicita la pena de nueve años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90 mil por hallar ánimo de lucro en los delitos reprochados.
Una quinta investigación, iniciada en 2015, tiene por objeto el supuesto enriquecimiento ilícito del clan Urribarri. Aquí resulta clave la participación del empresario paraguayo Juan Domingo Cardona Herreros, quien fue sindicado por el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos como testaferro del exgobernador y administrador de unos USD 11 millones de su familia por fuera de los organismos de control entre 2008 y 2015. Dicha suma habría pasado al patrimonio de los Urribarri mediante el pago de coimas de Cardona Herreros, no solamente en forma de dinero en efectivo, sino también como vuelos al exterior, compra de departamentos en cuotas en dólares, vehículos y otros bienes, etc. Avalado por Urribarri, Cardona Herreros consiguió contrataciones de soporte técnico y software millonarias solventadas por la provincia de Entre Ríos. La correspondencia electrónica entre ambos habla a las claras de su estrecho vínculo.
Tales lazos se destacan, asimismo, en una sexta causa, por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en la que se investiga cómo Urribarri, desde que era ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios del exgobernador Jorge Pedro Busti y durante sus dos gobernaciones, favoreció a Relevamientos Catastrales S. A. En torno al empresario paraguayo, según publicaciones periodísticas, girarían al menos diez empresas, incluida Lemondata S. A., a la que se adjudicó el sistema de liquidación de sueldos de los dependientes y docentes del Consejo General de Educación de Entre Ríos.
Una séptima causa es la investigación judicial abierta en 2013 por irregularidades en contrataciones con la empresa Global Means S. A., de Germán Buffa. Sergio Urribarri y Pedro Báez están procesados junto al empresario pizzero por el otorgamiento de pauta de publicidad oficial a esa firma por $118 mil en 2011.
Una octava causa, abierta en el fuero federal, persigue los sobreprecios en la obra pública tras los dichos del empresario entrerriano Víctor Pietroboni, quien admitió el pago de coimas y su recuperación mediante cotizaciones por encima de los importes reales.
Otros expedientes vinculan al entorno de Sergio Urribarri, aunque su nombre no figura expresamente en los mismos. Es el caso de los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos, por más de $2000 millones, que tiene por presuntos máximos responsables a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y a Alejandro Almada, cuñado del anterior. Por añadidura, Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, aparte de la investigación por enriquecimiento ilícito de la familia, tiene una causa en el fuero federal por venta de dólares en el Senado de Entre Ríos junto a Juan Pablo Aguilera en tiempos de cepo cambiario; desde 2011, ellos eran, respectivamente, secretario y prosecretario de ese Senado.
Adicionalmente, se investiga el fraude de las cosechadoras truchas y el préstamo del Estado entrerriano al grupo cordobés Sennor para montar una fábrica de maquinaria en Concepción del Uruguay. La causa, paralizada desde hace un tiempo, involucra a los exministros urribarristas Roberto Schunk, de Producción, y Diego Valiero, de Economía. Se extendería al exgobernador Urribarri por ser quien autorizó el préstamo y motivó, además, a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner a ofrecer las cosechadoras en su misión comercial a Angola.
Así las cosas, cabe preguntarse si no son, cuando menos, cuestionables la honorabilidad y la conducta económica de un exmandatario que carga con las causas de corrupción en la administración pública antes resumidas.
En su artículo 16, la Constitución reconoce a los habitantes de la Nación la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Esta última depende de la naturaleza del empleo y requiere condiciones como preparación técnica, conducta moral y experiencia. Conforme su artículo 99, inciso 7, la Carta Magna exige el acuerdo del Senado para el nombramiento de los embajadores argentinos por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual pretende que se verifique y asegure la idoneidad de los funcionarios.
En vista de lo anterior, cabe cuestionarse qué relación guardan los cargos ejercidos hasta la fecha por Sergio Urribarri en el plano local, a saber: director y presidente municipal, así como legislador, ministro y gobernador provincial, con la función de embajador y si sus cualidades son verdaderamente relevantes para el desempeño de la misma.
Contando nuestro país con profesionales de carrera que cumplen con los requisitos legales específicos y que han superado exigencias y actualizaciones rigurosas para el ejercicio de la diplomacia, el nombramiento político del ciudadano en cuestión no solo lesiona los principios constitucionales de igualdad e idoneidad y conculca la legislación correspondiente, sino que también menoscaba la representación de la Nación, la defensa de sus intereses y el prestigio del Estado democrático y republicano en el exterior.
Por consiguiente, en calidad de ciudadanos argentinos, solicitamos a la Cancillería y a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación que se deje sin efecto la designación de Sergio Daniel Urribarri como embajador de la República Argentina en Israel y que en su lugar se nombre a un profesional de carrera. Asimismo, rogamos a la Cancillería de Israel la revisión del plácet de estilo concedido al postulante señalado.
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Fuentes:
- Cronista.com: «La igualdad y la idoneidad en el ejercicio de la diplomacia»: https://www.cronista.com/impresageneral/La-igualdad-y-la-idoneidad-en-el-ejercicio-de-la-diplomacia-20100127-0056.html - 27/ene/2010
- Argentina.gob.ar: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20957-18795 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20957-18795/normas-modifican - 19/dic/2019
- Constitución Nacional
- El Entre Ríos: «El embajador», https://www.elentrerios.com/opinion/el-embajador.htm - 19/dic/2019
- Clarín: «Pedidos de plácet: La Cancillería define sus primeros embajadores políticos: Argüello, Iribarne, Peppo, Scioli, Urribarri y Raimundi», https://www.clarin.com/politica/cancilleria-define-primeros-embajadores-politicos-arguello-iribarne-peppo-scioli-urribarri-raimundi_0_veHFIRqj.html - 17/dic/2019
- Entre Ríos Ahora: «Urribarri, designado embajador en Israel», http://entreriosahora.com/urribarri-embajador-en-israel/ - 17/dic/2019
- Análisis: «Sueño entrerriano: el juicio está agendado para agosto y septiembre de 2020», https://www.analisis.com.ar/judiciales/2019/12/06/sueno-entrerriano-el-juicio-esta-agendado-para-agosto-y-septiembre-de-2020 - 06/dic/2019
- Entre Ríos Ahora: «Enriquecimiento Urribarri: marcha atrás con una medida judicial», http://entreriosahora.com/enriquecimiento-urribarri-marcha-atras-con-una-medida-judicial/ - 04/nov/2019
- El Entre Ríos: «Nuevo capítulo de la causa que investiga si Cardona Herreros es “testaferro” de Urribarri», https://www.elentrerios.com/actualidad/nuevo-captulo-de-la-causa-que-investiga-si-cardona-herreros-es-ldquotestaferrordquo-de-urribarri.htm - 03/nov/2019
- El Argentino: «La política en Tribunales: hay 39 causas judiciales que vinculan a dirigentes políticos y empresarios entrerrianos», https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/196505/La-politica-en-Tribunales-hay-39-causas-judiciales-que-vinculan-a-dirigentes-politicos-y-empresari - 06/feb/2019
La causa
Recientemente, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, Felipe Carlos Solá, designó al frente de la Embajada de la República Argentina en Israel a Sergio Daniel Urribarri, quien fue gobernador de la Provincia de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y presidente de la Cámara de Diputados provincial entre 2015 y 2019.
La Ley de Servicio Exterior de la Nación, n.° 20957, prevé en su artículo 5 que las designaciones políticas de embajadores deben ser excepcionales y responder a las cualidades relevantes de los candidatos. El artículo 11 de la norma estipula que, para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación, es indispensable conducirse en forma honorable, pública y privadamente, mantener una conducta económica ordenada e inobjetable y poseer condiciones psicofísicas y de cultura social adecuadas. El ejercicio de la diplomacia requiere, por tanto, honorabilidad real y aparente, autocontrol, reserva y cultura, así como capacidad de diálogo y de negociación, dedicación, experiencia y vocación de servicio.
Sergio Urribarri se encuentra acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado, entre otros. En efecto, sobre un total de ocho investigaciones judiciales activas, el candidato deberá enfrentar en 2020 dos juicios resonantes.
El primero fue fijado para abril de 2020 por la «causa de la vaca». En esta se investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por $24 millones en beneficio de empresas de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y el supuesto pago de coimas por unos $12 millones. Para ambos, la Fiscalía pediría la pena de ocho años de prisión.
El segundo juicio, agendado para agosto y septiembre de 2020, se debe a «El sueño entrerriano», que agrupa tres causas por un total de casi $47 millones: uno por la instalación de un parador playero de $14,5 millones en Mar del Plata; otro por la contratación por $28 millones de la productora Nelly Entertainment S. A., del empresario Jorge «Corcho» Rodríguez, para la difusión de cuatro anuncios promocionales de la Cumbre de Presidentes del Mercosur (Paraná, 2014); y un tercero por la contratación por $4,3 millones de varios diarios nacionales para la publicación de una solicitada contra los fondos buitres. Se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, direccionamiento de publicidad oficial y peculado del exgobernador Urribarri, de su ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, de su ministro de Turismo, Hugo Marsó, y, entre otros, de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Según la Fiscalía, los fondos públicos afectados terminaron financiando la fallida campaña presidencial del exmandatario, para quien solicita la pena de nueve años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90 mil por hallar ánimo de lucro en los delitos reprochados.
Una quinta investigación, iniciada en 2015, tiene por objeto el supuesto enriquecimiento ilícito del clan Urribarri. Aquí resulta clave la participación del empresario paraguayo Juan Domingo Cardona Herreros, quien fue sindicado por el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos como testaferro del exgobernador y administrador de unos USD 11 millones de su familia por fuera de los organismos de control entre 2008 y 2015. Dicha suma habría pasado al patrimonio de los Urribarri mediante el pago de coimas de Cardona Herreros, no solamente en forma de dinero en efectivo, sino también como vuelos al exterior, compra de departamentos en cuotas en dólares, vehículos y otros bienes, etc. Avalado por Urribarri, Cardona Herreros consiguió contrataciones de soporte técnico y software millonarias solventadas por la provincia de Entre Ríos. La correspondencia electrónica entre ambos habla a las claras de su estrecho vínculo.
Tales lazos se destacan, asimismo, en una sexta causa, por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en la que se investiga cómo Urribarri, desde que era ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios del exgobernador Jorge Pedro Busti y durante sus dos gobernaciones, favoreció a Relevamientos Catastrales S. A. En torno al empresario paraguayo, según publicaciones periodísticas, girarían al menos diez empresas, incluida Lemondata S. A., a la que se adjudicó el sistema de liquidación de sueldos de los dependientes y docentes del Consejo General de Educación de Entre Ríos.
Una séptima causa es la investigación judicial abierta en 2013 por irregularidades en contrataciones con la empresa Global Means S. A., de Germán Buffa. Sergio Urribarri y Pedro Báez están procesados junto al empresario pizzero por el otorgamiento de pauta de publicidad oficial a esa firma por $118 mil en 2011.
Una octava causa, abierta en el fuero federal, persigue los sobreprecios en la obra pública tras los dichos del empresario entrerriano Víctor Pietroboni, quien admitió el pago de coimas y su recuperación mediante cotizaciones por encima de los importes reales.
Otros expedientes vinculan al entorno de Sergio Urribarri, aunque su nombre no figura expresamente en los mismos. Es el caso de los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos, por más de $2000 millones, que tiene por presuntos máximos responsables a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y a Alejandro Almada, cuñado del anterior. Por añadidura, Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, aparte de la investigación por enriquecimiento ilícito de la familia, tiene una causa en el fuero federal por venta de dólares en el Senado de Entre Ríos junto a Juan Pablo Aguilera en tiempos de cepo cambiario; desde 2011, ellos eran, respectivamente, secretario y prosecretario de ese Senado.
Adicionalmente, se investiga el fraude de las cosechadoras truchas y el préstamo del Estado entrerriano al grupo cordobés Sennor para montar una fábrica de maquinaria en Concepción del Uruguay. La causa, paralizada desde hace un tiempo, involucra a los exministros urribarristas Roberto Schunk, de Producción, y Diego Valiero, de Economía. Se extendería al exgobernador Urribarri por ser quien autorizó el préstamo y motivó, además, a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner a ofrecer las cosechadoras en su misión comercial a Angola.
Así las cosas, cabe preguntarse si no son, cuando menos, cuestionables la honorabilidad y la conducta económica de un exmandatario que carga con las causas de corrupción en la administración pública antes resumidas.
En su artículo 16, la Constitución reconoce a los habitantes de la Nación la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Esta última depende de la naturaleza del empleo y requiere condiciones como preparación técnica, conducta moral y experiencia. Conforme su artículo 99, inciso 7, la Carta Magna exige el acuerdo del Senado para el nombramiento de los embajadores argentinos por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual pretende que se verifique y asegure la idoneidad de los funcionarios.
En vista de lo anterior, cabe cuestionarse qué relación guardan los cargos ejercidos hasta la fecha por Sergio Urribarri en el plano local, a saber: director y presidente municipal, así como legislador, ministro y gobernador provincial, con la función de embajador y si sus cualidades son verdaderamente relevantes para el desempeño de la misma.
Contando nuestro país con profesionales de carrera que cumplen con los requisitos legales específicos y que han superado exigencias y actualizaciones rigurosas para el ejercicio de la diplomacia, el nombramiento político del ciudadano en cuestión no solo lesiona los principios constitucionales de igualdad e idoneidad y conculca la legislación correspondiente, sino que también menoscaba la representación de la Nación, la defensa de sus intereses y el prestigio del Estado democrático y republicano en el exterior.
Por consiguiente, en calidad de ciudadanos argentinos, solicitamos a la Cancillería y a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación que se deje sin efecto la designación de Sergio Daniel Urribarri como embajador de la República Argentina en Israel y que en su lugar se nombre a un profesional de carrera. Asimismo, rogamos a la Cancillería de Israel la revisión del plácet de estilo concedido al postulante señalado.
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Fuentes:
- Cronista.com: «La igualdad y la idoneidad en el ejercicio de la diplomacia»: https://www.cronista.com/impresageneral/La-igualdad-y-la-idoneidad-en-el-ejercicio-de-la-diplomacia-20100127-0056.html - 27/ene/2010
- Argentina.gob.ar: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20957-18795 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20957-18795/normas-modifican - 19/dic/2019
- Constitución Nacional
- El Entre Ríos: «El embajador», https://www.elentrerios.com/opinion/el-embajador.htm - 19/dic/2019
- Clarín: «Pedidos de plácet: La Cancillería define sus primeros embajadores políticos: Argüello, Iribarne, Peppo, Scioli, Urribarri y Raimundi», https://www.clarin.com/politica/cancilleria-define-primeros-embajadores-politicos-arguello-iribarne-peppo-scioli-urribarri-raimundi_0_veHFIRqj.html - 17/dic/2019
- Entre Ríos Ahora: «Urribarri, designado embajador en Israel», http://entreriosahora.com/urribarri-embajador-en-israel/ - 17/dic/2019
- Análisis: «Sueño entrerriano: el juicio está agendado para agosto y septiembre de 2020», https://www.analisis.com.ar/judiciales/2019/12/06/sueno-entrerriano-el-juicio-esta-agendado-para-agosto-y-septiembre-de-2020 - 06/dic/2019
- Entre Ríos Ahora: «Enriquecimiento Urribarri: marcha atrás con una medida judicial», http://entreriosahora.com/enriquecimiento-urribarri-marcha-atras-con-una-medida-judicial/ - 04/nov/2019
- El Entre Ríos: «Nuevo capítulo de la causa que investiga si Cardona Herreros es “testaferro” de Urribarri», https://www.elentrerios.com/actualidad/nuevo-captulo-de-la-causa-que-investiga-si-cardona-herreros-es-ldquotestaferrordquo-de-urribarri.htm - 03/nov/2019
- El Argentino: «La política en Tribunales: hay 39 causas judiciales que vinculan a dirigentes políticos y empresarios entrerrianos», https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/196505/La-politica-en-Tribunales-hay-39-causas-judiciales-que-vinculan-a-dirigentes-politicos-y-empresari - 06/feb/2019
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Petición creada en 19 de diciembre de 2019