Es mucho el tiempo que llevamos en la lucha por una Educación Inclusiva Real, y no nos cansaremos hasta que los derechos de nuestros hijos e hijas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo dejen de ser vulnerados sistemáticamente.

Es cierto que, después de mucha lucha y reclamaciones por parte de padres y madres, el 31 de diciembre de 2019 se publicó en el BOJA un compromiso de aumento de personal y que se han cubierto algunas plazas, por lo que nos alegramos muchísimo, y estamos muy agradecidas y agradecidos por atendernos.

Pero lamentamos decir que se necesita mucho más, que aún hay niñas y niños a los que no se les está atendiendo adecuadamente y, por lo tanto, se les está vulnerando su Derecho Fundamental a una Educación Inclusiva que dé respuesta a los Principios de Equidad y Calidad a los que se refieren nuestras Leyes educativas.

Y es que es muy bonito poner en la Ley de educación que: “Se dotará a los Centros Escolares de la autonomía suficiente para favorecer la inclusión de todo el alumnado”, pero después no se les proporcionan los recursos humanos y materiales que necesitan para llevar a cabo esta labor.

Recordemos que son la Constitución Española y las Leyes Educativas las que insisten en que es la Administración pública la que dotará de los recursos necesarios para que este alumnado sea atendido de forma adecuada, y esto no se está cumpliendo en la actualidad: Faltan PTIS que atiendan al alumnado en sus necesidades asistenciales y de acompañamiento (esto es esencial en muchos casos); sin estas profesionales, un niño o niña se puede ver privado de participar en cosas tan importantes como el recreo o las actividades extraescolares, y tienen derecho a ello. Faltan profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), que den apoyo en las aulas ordinarias y/o específicas al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Los Equipos de Orientación Educativa (EOE) son insuficientes y no dan abasto a realizar los diagnósticos pedagógicos esenciales para la atención educativa de este alumnado, para elaborar sus dictámenes y decidir su modalidad de escolarización. Faltan profesionales de Audición y Lenguaje (AL), Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE) y Mediadores Comunicativos. Por falta de recursos no se están cumpliendo los dictámenes de los EOE, eso es como no seguir un tratamiento médico si nos lo llevamos al campo de la salud. Las altas capacidades y los trastornos de aprendizaje también se están desatendiendo.

No se trata de repartir los recursos que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha decidido cubrir con el presupuesto que ha puesto a disposición de la atención a la diversidad desde los despachos, sino de cubrir las necesidades que hay en las aulas de la Educación Pública.

Exigimos una normativa que regule el número de alumnos que los profesionales (de PT, AL, PTIS, ILSE, Orientadoras, etc.) deben atender, teniendo en cuenta las dificultades de cada alumno y alumna; es decir, una ratio concreta y ajustada a las necesidades reales del número de alumnos/as (según sus dificultades) por profesional.

Las consecuencias de la falta de atención profesional y específica al alumnado NEAE afecta a toda la comunidad educativa: el resto de alumnado, profesorado, familias…, pero a los que más les afecta es a ellos que ven mermadas sus posibilidades de desarrollo integral y de integración social en todos los ámbitos que les corresponden como personas que son, iguales en derechos.

Ayúdanos con tu firma para conseguir que se cubran todas las necesidades de recursos humanos y materiales que necesita el alumnado de Necesidades Educativas y de Apoyo Específico de nuestra escuela pública. Por una Educación Inclusiva Real.

Sin una educación inclusiva no puede haber una sociedad inclusiva.