El Ministerio de Salud pretende modificar el Reglamento de Agua Potable para legalizar niveles peligrosos de contaminación con agroquímicos en el agua que consumimos todos los días. Este cambio permitiría aumentar sin límite los residuos de agroquímicos, de cualquier plagicida, incluidos los reconocidos como cancerígenos y ya prohibidos en el país. Esta reforma no solo pone en riesgo la salud de miles de costarricenses, sino que también desprotege a comunidades ya afectadas, como las 69 fuentes de agua en Cartago contaminadas por diversos derivados tóxicos. En lugar de solucionar el problema, el gobierno busca "legalizar" la contaminación y permitir que el agua contaminada siga distribuyéndose mientras realizan análisis teóricos que no garantizan nuestra seguridad.

Impacto en la comunidad costarricense:

1. Amenaza directa a la salud pública: Consumir agua con agroquímicos aumenta el riesgo de enfermedades graves como el cáncer, especialmente en las comunidades más vulnerables.
2. Desigualdad social: Comunidades rurales y zonas alejadas, que ya enfrentan problemas de acceso a agua potable, serán las más afectadas por la distribución de agua contaminada.
3. Retroceso ambiental y legal: Este cambio viola principios como el precautorio y el in dubio pro aqua, que protegen nuestra salud y el medio ambiente, además de contradecir la Constitución Política y la Ley de Salud.

¿Por qué apoyar esta petición?
La reforma beneficia únicamente a intereses económicos, mientras pone en peligro nuestra calidad de vida y la de futuras generaciones. Levantar la voz es fundamental para exigir que se garantice agua limpia y segura, como un derecho humano básico. Es momento de unirnos para rechazar esta injusticia y proteger nuestro recurso más valioso.